Aníbal Torres /Javier Ochoa

 

La propuesta del tercer retiro del Gobierno que se dio a conocer luego de que éste recurriera al TC con el fin de frenar la iniciativa de la oposición, dio paso de inmediato a la comparación. Analistas locales manifiestan que este retiro, si bien considera la reposición, no está exento de consecuencias negativas, como el desempleo, porque se considera que los fondos retirados deban ser reintegrados por los cotizantes vía incremento en un 1% de la cotización mensual, la que será de cargo del empleador. Adicionalmente, el Estado otorgará otro 1% con el fin de incentivar su reintegro, con un tope de 0,3 UF. Quienes no realicen retiros, igualmente el Estado les aportará el 1% con un tope de 0,3 UF con el fin de contribuir al mejoramiento de sus ahorros previsionales.

Lo propuesto por el Ejecutivo incluye además la entrega de un bono de cargo final de 200 mil pesos para todas las personas que ya no tengan ahorros previsionales, beneficiando a cerca de tres millones de personas que se encuentran en esta situación tras los primeros dos retiros.
“Estamos convencidos e que es un proyecto más justo, con impuestos a los que tienen más altos ingresos y que además mantiene el pago de pensiones de alimentos del segundo retiro”, declaró la seremi (s) del Trabajo, Yasna Castro.

Por último, se otorgará un adelanto para pensionados de renta vitalicia, de hasta un 10% de su reserva técnica, con un tope de 100 UF (2.9 millones de pesos aprox.). Este se le descontará, con un tope de 10% de su Renta Vitalicia, hasta enterar el monto total del anticipo.
“La gran diferencia entre el proyecto presentado por el Gobierno respecto del que ha sido recientemente aprobado por el Congreso reside primero en que aborda la problemática de aquellas personas que se encuentran con saldo 0 en sus cuentas de ahorro de pensiones y, en segundo lugar, que considera mecanismos para la restitución de fondos”, explicó Ariel Yévenes, economista Observatorio Fiscal de Corbiobío, respecto de la propuesta de retiro anunciada por el Gobierno.

A su vez, Cristián Troncoso, investigador y académico de la Facultad de Economía y Negocios Unab, manifiesta que ambos proyectos adolecen del mismo problema de fondo que es el desfondamiento de los recursos destinados a pensiones, que es un problema importantísimo a futuro y del cual el proyecto del gobierno busca abordar vía el aumento obligatorio de la tasa de cotización”, sentenció el académico.

Frente a los mecanismos de reposición de fondos, el investigador y académico manifiesta que podría generar repercusiones en los empleos. “Si bien ambos proyectos incluyen un mecanismo de reposición de los fondos, el proyecto del gobierno propone que esta restitución sea vía aumento en la tasa de cotización de carácter obligatorio (el proyecto aprobado en el congreso lo deja como mecanismo voluntario). Lo anterior implica impactos sobre el mercado laboral, ya sea vía ajuste en los salarios pagados o por vía de desalentar la contratación porque altera el costo relativo de contrato”, comentó Troncoso.

El economista de la UDD, Carlos Smith, estimó que es positivo el efecto multiplicador de los impuestos que se cobrarían.
“Es menos malo el proyecto del Gobierno desde el punto de vista de mejorar las pensiones. El impuesto que se cobra va a un fondo común y el Estado lo gasta, por lo que el efecto macroeconómico es expansivo”.