En el primer día de diciembre de 2020 el consejero regional y candidato a Gobernador Regional Javier Sandoval Ojeda presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República relativo al proyecto BioLantánidos, ampliamente resistido por la comunidad de Penco y alrededores.
De acuerdo a la autoridad, a partir de las funciones dispuestas en el Artículo 17 Letra D) de la Ley 20.073 que regula los Gobierno Regionales en Chile, el Consejo Regional debe “fomentar y velar por la protección, conservación y mejoramiento del medioambiente, adoptando las medidas adecuadas a la realidad de la Región”, lo que finalmente no pudo ser ejercido en la evaluación de dicho proyecto.
Esto, ante la ausencia del informe con el pronunciamiento de la Comisión de Medioambiente del 22 de enero de 2019 y aprobación de este, en la Sesión de Ordinaria N°2 del 23 de enero del mismo año, ante la tramitación de esta iniciativa en el Sistema de Evaluación Ambiental del SEA.
Según la respuesta E94605/21 de la Contraloría General de la República, “se establece que el 7 de diciembre de 2018 el SEA declaró admisible la tramitación del Proyecto Minero BioLantánidos mediante la resolución exenta N°344/18 y el mismo día solicitó al Gobierno Regional del Biobío su pronunciamiento mediante el Oficio N°562/18 sobre la compatibilidad territorial del proyecto y la relación de este desde el punto de vista ambiental con políticas, planes y programas de desarrollo regional con un plazo hasta el 22 de enero de 2019”.
Es así como para el consejero regional Javier Sandoval Ojeda, calificó como lamentable la ausencia del informe con pronunciamiento unánime del Consejo Regional del Biobío rechazando el Proyecto Minero BioLantánidos.
“La jefa de División de Planificación y Desarrollo Regional en 2019 Claudia Hurtado Espinoza, remitió a la presidencia del Core la información del proyecto con sólo 7 días antes del vencimiento del plazo establecido por el SEA”, reveló.
Y añadió: “Luego Flor Weisse Novoa, quien era la presidenta de ese entonces, citó a sesión el 23 de enero, cuando el plazo ya había expirado. Desestimando la posibilidad de convocar una sesión de carácter extraordinaria de ser necesario, para responder a tiempo con el informe, dadas las atribuciones establecidas por Ley para la presidencia del Consejo Regional, que prontamente corresponderá al Gobernador o Gobernadora Regional”.
Por ende, sobre el proyecto y su avance en la tramitación, Sandoval recordó que “en aquella Comisión de Medioambiente solicitamos y participaron representantes de la comunidad, quienes esperaban que sus movilizaciones y gestiones, unido al rechazo del mismo Core pudiera constituirse en una oposición más regional al proyecto extractivista”.
El consejero lamentó que los “esfuerzos y tiempo, que quedan en el olvido producto de los errores y omisiones de quienes encabezaban la región en 2019, facilitando el avance del proyecto y dejando sin efecto alguno, el pronunciamiento unánime del Consejo Regional del Biobío”.
Por tanto, según lo dispuesto por la Contraloría General de la República en el oficio E94605/21, “corresponde que ese Gore ordene la instrucción del correspondiente procedimiento disciplinario a fin de esclarecer tal situación y determinar la eventual existencia de responsabilidades funcionarias en este hecho, debiendo remitir copia de la resolución que lo disponga a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía, de la Contraloría General de la República, dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la recepción del presente oficio”.