Con suma urgencia el Ejecutivo quiere lograr que el Senado tramite en 15 días el proyecto que está desde abril del año 2019. El empresariado se seduce con la ampliación de los mercados internacionales.
Aníbal Torres Durán
El Gobierno no agacha cabeza y el pasado martes 30 de marzo anunció la renovación de la suma urgencia para legislar sobre el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP-11. Con esto, son cuatro las ocasiones en que La Moneda ha solicitado al Senado la tramitación del proyecto.
Cabe recordar que, desde el 18 de octubre de 2019 a la fecha, el TPP-11 ha sido ampliamente rechazado no solo por movimientos sociales, sino que también por autoridades políticas que, antes del estallido social, fueron defensores de este pacto comercial internacional.
Bajo la administración pasada del Senado, la legisladora Adriana Muñoz (PPD), rechazó poner en tabla este texto, mientras que la nueva presidenta, Yasna Provoste (DC), ha señalado que lo que se discute depende de los acuerdos de comités. “Espero que el gobierno no insista en forzar discusiones que nos dividen, sobre todo en estas materias donde existe una disposición mayoritaria que no está a favor de la suscripción de este pacto”, señaló la mandamás de la Cámara Alta.
El gerente de CPC Biobío, Ronald Ruf, explicó que el TPP-11 se podría transformar en una gran oportunidad para la región. “Es una oportunidad para mejorar la competitividad de nuestro país en los mercados internacionales. No podemos perder de vista que gran parte del crecimiento depende de las ventas de nuestros productos en el extranjero y que la Región del Biobío, tiene un potencial exportador importantísimo que debemos fortalecer” manifestó Ruf.
El Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, en simples palabras, es un acuerdo entre 11 países, el cual busca crear una zona de libre comercio en la Cuenca del Pacífico. El pacto uniría a Chile, Perú, México, Canadá, Japón, Vietnam, Malasia, Singapur, Brunei, Australia y Nueva Zelanda. Esto reúne a países cuyo mercado alcanza los 498 millones de personas con un producto interno bruto de 10.6 billones de USD, cerca de un 12% del PIB mundial.
No obstante, este tratado posee un amplio rechazo en la ciudadanía debido a las múltiples consecuencias y desventajas que puede traer. Un ejemplo, es el bloqueo de ingreso de medicamentos genéricos y el aumento de su precio, ya que estos acuerdos generan ciertas obligaciones a los países integrantes y una de ellas está asociada a la propiedad intelectual.
“Cabe reconocer que su potencial aprobación no ha estado exenta de controversias e incertidumbres surgidas desde la ciudadanía en general, las que se encuentran, en lo general, circunscritas a todo lo que dice relación con materias de patentes y propiedad intelectual vinculable al acuerdo en conjunto a algunas temáticas reglamentarias. Estas temáticas están relacionadas a la solución de controversias que puedan surgir con empresas y agentes económicos, en virtud de la participación en el acuerdo”, detalló Ariel Yévenes, Economista Observatorio Fiscal de Corbiobío.