El nueve de septiembre de 2019 el Valle de Trongol, Provincia de Arauco, utilizado para la extracción de áridos, fue un día diferente.
Se llevó a cabo una inspección conjunta por parte del personal de fiscalización de la Dirección General de Aguas de la Región del Biobío (DGA), de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), Carabineros de Chile, funcionarios de la Municipalidad de Los Álamos y Curanilahue.
Lo que motivó tal operativo fue la denuncia municipal que recaía sobre las empresas que allí operaban eventualmente de manera irregular, según reveló la Superintendencia de Medio Ambiente.
Todo apuntaba a una serie de sociedades en torno a “Áridos Río Trongol Eirl y a la empresa Recicladora Muñoz”, esta última conocida coloquialmente como “Recicladora Dreams”, detalló la entidad.
El jefe regional de la SMA, Juan Pablo Granzow, explicó que la misión por parte de su servicio es llevar a cabo una investigación para determinar si hay elusiones para operar bajo el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) “contra todos los que resulten responsables”.
De acuerdo a la autoridad regional “se encuentra en desarrollo, con una serie de diligencias reservadas en curso”.
En lo que respecta a las competencias de la DGA Biobío, que es velar por que los cauces de los ríos no sean intervenidos ilegalmente, el director regional del servicio, Andrés Esparza, aseguró que sus diversos trabajos de inspección en este último tiempo han dado resultados en fuertes multas.
Fue el jefe de la Unidad de Fiscalización, Conservación y Protección de Recursos Hídricos, Matías Mendoza, quien aclaró de qué tipo de sanciones monetarias han interpuesto.
Es así como a Héctor Muñoz Navarro aplicaron 200 UTA ( $120 millones aproximadamente) por dos expedientes y otras 600 UTM ( $30 millones) por otra situación. Igualmente, se han interpuesto 500 UTA ( $300 millones) a Ricardo Mari por sus intervenciones en el territorio.
Seguidamente, 20 UTM ($1 millón) a la Comercializadora de Áridos Arauco y a José Saavedra 10 UTM ( $500 mil).
“En todos los procedimientos que hemos tenido, le hemos derivado los antecedentes tanto a la SMA como al Consejo de Defensa del Estado, quien también nos ha oficiado en bastantes oportunidades, preguntándonos por la situación”, aseveró Mendoza.
Todo sumaría una cifra cercana a los “$460 millones”. Igualmente, añadió que se han cursado ordenes administrativas como por ejemplo, restituir el cauce.
Ante la consulta sobre la imagen de una instalación que pareciera estar en medio del río dijo: “Tiene razón. Es un cauce. A mano izquierda y a mano derecha de lo que se ve de la casa hemos cursado ( a Héctor Muñoz) procedimientos y fiscalizaciones ”, aclaró Mendoza.
También hay otra situación detrás: que se han explotado predios muy cercanos a donde pasa el río y que los municipios debieron fiscalizar en su oportunidad.
Cabe recordar que el diputado Manuel Monsalve calificó estos hechos como un “crimen ambiental” en que habría transformado a Trongol como la nueva “zona de sacrificio”.