Por Aníbal Torres Durán

Hace algunos días, parlamentarios ingresaron otra reforma para un tercer retiro de ahorros en fondos previsionales, lo que genera expectación en la Región del Biobío.

Distintos abogados constitucionalistas manifestaron que ven bastante difícil que el Tribunal Constitucional, que rechazó con voto dirimente la fórmula del Congreso en el segundo retiro, cambie de posición y esta vez permita una reforma de ese tipo. No obstante, la opción no está del todo cerrada.

El pasado viernes 29 de enero, último día antes del receso legislativo, ingresó un nuevo proyecto para un tercer retiro del 10% de las AFP. El 15 de diciembre de 2020 ingresó una iniciativa por parte de la diputada Pamela Jiles (PH); y el segundo, diputados de la Federación Regionalista Verde Social, encabezados por Jaime Mulet y Alejandra Sepúlveda, propusieron una reforma constitucional muy similar a los primeros retiros del 10%, pero con algunas novedades.

“Si el proyecto es del mismo tenor que los anteriores, hay que tener claro que podría ser aprobado -como aconteció con el primer retiro- sin problemas y ser ley. Para que un proyecto vuelva a llegar a manos del TC, es preciso que se presente un requerimiento en su contra, que con ocasión del segundo retiro fue presentado por el propio presidente”, detalló el abogado constitucionalista y académico UDP, Domingo Lovera.

La iniciativa legal será discutida en marzo en el Congreso, pero finalmente su aplicación sería resuelta por el TC, tal como sucedió con el segundo retiro. El panorama, sin embargo, podría ser muy distinto para estas iniciativas en cuanto a su entrada en vigencia como ley.

La segunda propuesta surgida en el parlamento de retiro del 10% fue rechazada por el Tribunal Constitucional y finalmente se terminó aprobando el proyecto enviado por el Gobierno. Por lo tanto, existen dudas en torno a cuál puede ser el destino final de un tercer retiro, ya que el TC estableció que este tipo de leyes es solo una facultad exclusiva del Ejecutivo.

La iniciativa de los diputados establece un retiro de hasta un 10% desde las cuentas de capitalización individual, con un monto mínimo de 35 UF y una cifra máxima de rescate de 150 UF. También propone que los pensionados por rentas vitalicias puedan extraer parte de los fondos, respetando las cifras mínimas y máximas de retiro.

Por su parte, el proyecto de ley presentado por la diputada humanista es muy similar a los primeros proyectos. Fija cifras topes de retiro con un mínimo de 35 UF y un máximo de 150 UF, es universal, sin pagar impuestos y no se considera como renta. Además, incluye el pago de las pensiones de alimentos.

“Pienso que es una medida populista que a todas luces tenía aprobación ciudadana como una manera de conseguir recursos en el corto plazo. En el primer retiro del 10% de los fondos, los parlamentarios tenían dos opciones, el camino fácil y el camino difícil, y eligieron el fácil”, sostuvo David Bravo, economista que lideró la comisión asesora sobre pensiones durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y actual director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica de Chile.