Buscarán que se pueda fiscalizar “realmente” a las empresas sanitarias

A raíz de los cortes de agua producido por las lluvias de verano que han causado diversos estragos en varias regiones del país, el senador del Partido Progresista, Alejandro Navarro, anunció una importante iniciativa: un proyecto de acuerdo para solicitar la creación de una comisión bicameral que se encargue de realizar una revisión a las competencias de las Superintendencias.

“Son inútiles si las empresas no tienen una real fiscalización. Se necesita una nueva estructura, una superintendencia mayor para las superintendencias sectoriales”, criticó.

El parlamentario progresista agregó que “la situación ocurrida en la Región Metropolitana, donde casi 8 millones de personas iban a quedar sin suministro de agua potable a causa de una falla operacional en una empresa privada, nos reafirma la convicción de que dichas empresas no pueden sustentarse mediante el principio de autorregulación. Debe existir un control estatal”.

Primer intento

El senador por la Región del Biobío recordó que “en 2016 mientras se discutía la ley que modificaba la ley del consumidor, presenté una indicación en la Comisión de Economía del Senado para que el Sernac tuviera competencias fiscalizadoras en empresas que entregan servicios básicos como electricidad, gas y agua potable. Lamentablemente el lobby fue mayor y la indicación fue rechazada por 3 votos contra 2”.

Es por ello que el parlamentario opinó: “Es una aberración contra los consumidores mantener el principio de especialidad para impedir demandar a empresas de servicios básicos como Aguas Andinas, con esto se restringe la protección de los derechos de los consumidores y se privilegia el principio de la especialidad de las superintendencias, que claramente no velan por la protección de los derechos del consumidor”.

En el Gran Concepción Essbio también han sido multada. Por ejemplo, en 2014 ocurrió la interrupción del suministro no programado en Chiguayante. Y fue en enero de 2020 cuando la Corte de Apelaciones confirmó que debían pagar 346 UF ( unos $17 millones aproximadamente).

Más recientemente, en 2019, 36 mil vecinos de Chiguayante quedaron nuevamente sin agua por al menos 36 horas y otros 20 mil en Los Ángeles.

En ese entonces Sergio Giacaman cumplía funciones de intendente y pidió a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Siss, que aplicara la normativa vigente.