Por Aníbal Torres Durán

El debate en torno a la Reforma Previsional está lejos de terminar. Once meses ya han transcurrido desde que la Cámara de Diputados despachó al Senado.

Durante estos meses, al menos tres veces, el ejecutivo ha instado públicamente a lograr un acuerdo en esta materia: el 14 de junio del 2020 anunció una cirugía mayor al sistema de pensiones y envió a negociar a los ministros de hacienda y de trabajo.

Asimismo, el presidente ha buscado abordar la necesidad de un acuerdo en el sistema de AFP en su cuenta pública durante el año anterior.

Desde la oposición han apuntado que la crisis social y la pandemia obligan a cambios más profundos en el sistema. En ese contexto, la reforma se encuentra trabada desde enero de 2020, a la espera de un acuerdo entre la oposición, el oficialismo y el Gobierno para desenredar el debate y pasar a su votación.

Sin embargo, enero finalizó sin un rumbo claro para esta reforma, ya que el acuerdo ha sido postergado hasta marzo.

“Es difícil proyectar un avance en esta reforma, que ya lleva un año en discusión sin lograr atisbos de acuerdos, agregando además el reciente cambio de ministro en la cartera de hacienda, lo que implica retomar esta propuesta que, debemos recordar, la lideraba este ministerio junto a la cartera del Trabajo. Por otro lado, los dos retiros de fondos previsionales jugaron un rol absolutamente en contra del avance de cualquier propuesta, pues cambiaron el escenario base del cual se partirá”, explicó la directora de Postgrados de la Universidad San Sebastián, Karin Bravo.

Cabe destacar que la discusión definitivamente tendrá que retomarse en el próximo mes, ya que el pasado viernes 29 de enero culminó el año legislativo y el Congreso dejará de funcionar durante todo el mes de febrero.

“Cualquier propuesta va a generar adeptos y detractores. Por un lado, se tienen informes que desde hace años apuntan a que mejorar el sistema previsional requiere intervenir los parámetros básicos del sistema: edad de jubilación y tasa de cotización, y en ambos casos, afectan directamente al cotizante en el caso de que la cotización sólo salga de su bolsillo”, añadió Bravo frente a una nueva propuesta en el sistema de pensiones.

El principal impedimento es definir el destino del 6% adicional que ya contempla la reforma. La oposición insiste en que este porcentaje vaya íntegro a un ahorro colectivo, mientras que el oficialismo continúa sosteniendo que una parte de ello debiese ir también al ahorro individual.

“Lo importante es que la discusión se retome, y las distintas posturas vayan confluyendo a una solución común, que deberá realizarse de manera paulatina para disminuir el impacto económico que un aumento de tasa pudiera generar, tanto en el ingreso disponible de los trabajadores como en la planilla de costos de los empleadores o en las arcas fiscales en el caso de buscar una solución vía impuestos”, señaló especialista.