Siempre y cuando la paralización no se radicalice y no sea por un tiempo largo. Principales impactos serían en la generación de empleo, logística, exportaciones, creación y funcionamiento de las empresas entre otros aspectos.
De acuerdo con el análisis de académicos de la zona, el movimiento del sector público originado en respuesta al rechazo del reajuste salarial y condiciones laborales tendría efectos más bien acotados en la economía regional.
Entre los argumentos planteados, se esgrime que se trata de “un sector relevante en el funcionamiento de la economía, pero no debería afectar demasiado que paren por un par de días”, así lo indica Claudio Parés, economista de la Universidad de Concepción.
Lo anterior, eso sí, “a menos que la paralización sea radical y por un tiempo largo”, afirma.
Tras ser requerido acerca de la postura de la Anef, señaló que “me parece razonable que la Anef pida mantener el poder adquisitivo, pero la propuesta del ejecutivo es de 2,7% y este año la inflación no llegará a 3%. Quebrar una mesa de negociación por una diferencia como esa me parece exagerado”.
En tanto, Francisco Gatica, académico del Departamento de Economía y Finanzas de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Bío-Bío, saca a la luz algunas cifras.
“Nuestra economía va a tener un crecimiento negativo a nivel nacional (5,7 y 6,2% según Ipom dic 2020) y ya constatamos una menor cantidad de ocupados los que disminuyeron un 15,4% en doce meses (INE Biobío nov. 2020), por lo tanto, un paro en el sector público va a empeorar esta situación”, señala el académico.
Afirma además que el aparato público es fundamental en la prestación de servicios de la salud y sociales afectando principalmente a la ciudadanía, en estos momentos difíciles de crisis sanitaria y económica.
Para Gatica, el sector público presta todo un apoyo logístico para el funcionamiento de la economía ya sea en la generación de trámites como en la generación de empleos directos e indirectos.
“Hay que considerar que el 8,1% de los ocupados regionales trabajan en el sector público, estando entre los cinco sectores que más generan empleo”, detalla.
A la vez, expresa que una paralización de este sector perjudica la actividad económica ya sea en las exportaciones, en la creación y en el funcionamiento de las empresas.
El académico de la UBB explica que la oferta actual del Gobierno es un reajuste de un 2,6 a 2,7% para sueldos que están por debajo de un $1,500,000.
Hay que sumar a lo anterior el hecho de que el IPC acumulado de diciembre a noviembre 2020 es de 2,6% y el próximo año se espera una inflación del 3%, según el Banco Central, por tanto, habría una caída en términos reales de la renta de los funcionarios públicos.
Bajo este escenario, siempre en la visión de Gatica, hay que considerar que el reajuste del sector público marca un referente de negociación para otros sectores de la economía, por tanto, lo que estaría haciendo el Gobierno es generar una señal de control ante un posible ruido inflacionario a partir del control de las expectativas en los demás sectores económicos.
Andrés Ulloa, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de laSantísima Concepción, Ucsc, concuerda con Claudio Parés de la UdeC en cuanto a esperar efectos económicos mínimos en la actividad regional.
Apunta a que los efectos “son muy mínimos, más ahora que la movilidad está reducida donde el impacto es aún menor”.
Otro factor que se debe tener en cuenta según Ulloa es que existe un déficit fiscal importante que se profundizaría más en razón de acceder al reajuste que se está solicitando para el sector público.
A la vez, propone mantener los salarios reales que ya en el sector público son altos comparados con el sector privado y repara en que, a diferencia del sector privado, el sector público ha mantenido sus puestos de trabajo y la estabilidad, por lo tanto, mantener un salario real sería un gran beneficio para el sector público, por lo que deberían más bien aceptar y no rechazar lo ofrecido.