Estudio realizado por la casa de estudios muestra que sola una pequeña porción está satisfecha con la red pública de transporte y que durante la pandemia más del 50% ha privilegiado el uso de automóvil.
El Centro de Investigación para la Sustentabilidad (CIS) de la Universidad Andrés Bello dio a conocer los resultados de la IX versión de la “Encuesta de Actitudes hacia el Medio Ambiente”, sondeo realizado anualmente en Santiago, Viña del Mar y Concepción. Dada la particular coyuntura país, a las áreas tradicionalmente abordadas –transporte, reciclaje, biodiversidad, cambio climático, entre otras- se sumaron este año preguntas referentes a nueva Constitución y pandemia.
En materia de pandemia, un aumento considerable de la preferencia por el vehículo particular respecto a años anteriores, apareciendo como la primera opción del 57% de los encuestados del Gran Concepción, duplicando las cifras del periodo anterior. En tanto, sólo el 6% menciona la micro como primera opción. El 13 % ponen como primera opción la bicicleta y la misma cifra se asigna a caminar.
Las cifras coinciden con una baja evaluación de los penquistas al sistema de transporte público. Un 48,6% le asignan una nota igual o inferior a 4,0 y sólo un 20% lo ubica en el rango de evaluación más alta.
Para que estas dos opciones se mantengan, “resulta necesario adaptar la actual infraestructura viaria para que una mayor proporción sea destinada al tránsito peatonal y de bicicleta. Ambas modalidades son fundamentales en el contexto de pandemia, permitiendo el distanciamiento físico, pero también podrían permitir establecer una infraestructura y comportamiento de la movilidad que tendrá efectos sobre las emisiones GEI”, dice Iván Franchi.
En este sentido, cobra relevancia la baja calificación que los chilenos dan al sistema de ciclovías de sus respectivas ciudades, que a nivel general desciende de 3,8 (2019) a 3,0. En el Gran Concepción, el 67% cree que la cobertura de las ciclovías es insuficiente. Para Claudio Azat, se trata de “una nota muy deficiente que se puede deber a un mayor uso de las ciclovías durante estos meses, las cuales no han tenido mejoras en el último año y poseen muy baja conectividad entre comunas”.
Así, al consultar por los temas más importantes a considerar en la redacción de una nueva Carta Magna, los cinco más mencionados son salud (65%), educación (58%), pensiones (44%), medio ambiente (38%) y agua (25%). Para Claudio Azat, director del CIS-UNAB, “esto abre la puerta a la idea de una Constitución ecológica que permita garantizar un medio ambiente sano, los derechos de la naturaleza, y un desarrollo ecológicamente sustentable que no ponga en riesgo la salud de las personas”.
Con respecto a la posibilidad de establecer un nuevo modelo de desarrollo económico para el país, entre las opciones de respuesta múltiple destaca, con un 94% de las menciones, una economía basada en la innovación y el desarrollo tecnológico. Para Iván Franchi, investigador del CIS, “es esperable que en una nueva Constitución, como también en otros procesos legislativos y políticas públicas, se reconozca el aporte, desde la evidencia, que genera la ciencia. A esto se suma avanzar en procesos de democratización del conocimiento, donde todas las personas puedan tener acceso y tomar decisiones con mayor certidumbre sobre el desarrollo y la sustentabilidad de sus ciudades, comunas y regiones”.
En relación a los comportamientos ambientales, el estudio muestra que la práctica del reciclaje se ha ido extendiendo a una mayor proporción de la población, con solo un 6% de los encuestados que declaran “no reciclar” bajo ninguna periodicidad. Iván Franchi explica que, de acuerdo a los resultados, la mayoría del reciclaje se realiza en puntos limpios, lo cual exige que las personas se desplacen a esos espacios. “En efecto, el 60% de quienes dicen no reciclar manifiesta que requiere que el almacenamiento y/o recolección se ejecute en la vivienda o cerca de ella”, señala. Cabe mencionar que sólo el 27% de la población que declara reciclar lo realiza con frecuencia mínima de tres días.
Por otro lado, con la excepción de los residuos orgánicos (restos de alimentos y jardín), se observa que a mayor nivel socioeconómico, mayor es la práctica del reciclaje de vidrio, plásticos, papeles, metales, entre otros.
“Este comportamiento es completamente esperado, ya que sabemos que en comunas de menores ingresos existen menores tasas netas de reciclaje, como también menor infraestructura, equipamientos y servicios para ello”, dice Franchi, agregando que “hay que avanzar en un sistema de recolección segregada puerta a puerta; la estrategia basada en los puntos limpios o instalación de contenedores en la vía pública, no permitirá lograr mayores tasas de recuperación de materiales, tal como lo muestran experiencias internacionales y las propias metas de la Ley del Reciclaje”.