Los efectos del coronavirus en materia económica golpean fuerte a la Región. De acuerdo a la Seremi del Trabajo, hasta el 16 de agosto, 111.289 personas han solicitado hacer uso del Seguro de Cesantía.
De este total, 31.532 corresponden a quienes hacen utilizan la suspensión del contrato bajo la Ley de Protección al Empleo.
De ellos, 10.188 son por acto de autoridad, 21.925 por pacto de suspensión y 41 por ser padre o madre cuidadora.
Por otro lado, 2.014 trabajadores se acogieron a pactos de reducción de jornada laboral en la Región”, explicaron desde la Seremi del Trabajo.
Igualmente, se detalló que entre el tres y el 14 de agosto, se registraron 2.835 nuevas solicitudes del Seguro de Cesantía en la región, totalizando en el año 79.757 peticiones del beneficio. Cifra que corresponde a quienes perdieron sus puestos laborales.
Es por ello que todos los sectores gremiales y sindicales están pendientes de las políticas públicas en torno a la pandemia.
Este lunes se hizo la bajada local del “Plan Paso a Paso Chile se Recupera” del gobierno para la zona, que abarca los $900 mil millones en una serie de obras públicas y que incluirá la generación de puestos de trabajo que podrían sobrepasar los 15 mil entre este año y el 2022.
“Sabemos que proteger los empleos existentes es primordial en una crisis como la que estamos viviendo actualmente. Hemos visto como ha habido una destrucción masiva de puestos de trabajo. Y si bien la Ley de Protección del Empleo ha permitido evitar los despidos, necesitamos que estos puestos de trabajo se sigan manteniendo”, subrayó la seremi del Trabajo, Sintia Leyton.
Por otro lado, el sector privado sigue atento los pasos de la implementación de todo tipo de políticas públicas relativas a la pandemia.
Hay que recordar que la presidenta de la Cámara de Comercio de Concepción, Sara Cepeda, aseguró hace unos días que 200 negocios han cerrado como consecuencia de la crisis económica.
Mientras que el presidente de Unión de Gremios Pymes Bío Bío, Humberto Miguel Cerda, indicó a Diario Concepción que la preocupación también está centrada en el rubro gastronómico, el que ha tenido dificultades pare recibir ayuda para poder subsistir.
“Son cinco a seis meses cerrados, sin ninguna o poca ayuda. El Crédito Fogape, casi el 70% del sector gastronómico ha sido rechazado. El 30% restante que recibió, los bancos sólo le han otorgado menos del 45% de lo solicitado. El 65% de los restaurantes paga arriendo sobre el millón. Entonces el sector no tiene ingresos, no puede pagar arriendos, está obligado a pagar las leyes sociales de sus trabajadores acogidos a la Ley de Protección, en que no han podido pagar todas sus patentes. Están en una situación terrible”, lamentó el representante gremial.
