Basado básicamente en el endeudamiento, el plan concita apoyo transversal, aunque existe preocupación por la “pesada mochila” que heredarán las próximas generaciones. Pero todo está supeditado al control sanitario de la pandemia.
Insuficiente. Es lo que se decía en círculos económicos, empresariales, políticos y sociales respecto a las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno para enfrentar las nefastas consecuencias sanitarias y económicas que está dejando la pandemia Covid-19 en Chile y gran parte del mundo. De ahí la importancia del anuncio de un nuevo plan de emergencia.
Ayuda directa a las familias en hasta $400.000 mensuales por grupo, inyección de US$140 millones para municipios y organizaciones sociales, capitalización para el sistema de salud forman parte de los anuncios.
El acuerdo fiscal también se hace cargo de medidas para afrontar la post pandemia y la alicaída economía que se proyecta, entregándose impulsos a la inversión pública y subsidios a la contratación, por ejemplo.
Según el documento, el fondo se financiará principalmente con deuda, explicándose que la deuda pública bruta aumentaría de 28% del PIB a fines de 2019 a 43% a fines de 2022, superando la proyección anterior de 37,9% para ese año. Asimismo, los Fondos Soberanos bajarían desde 9,5% del PIB a fines del año pasado hasta poco menos del 5% del PIB en 2022, lo que da cuenta de un menor uso de estos activos.
Para el economista de la Universidad de Concepción, Víctor Hernández, los riesgos para Chile son bajos, toda vez que sus actuales niveles de endeudamiento son bajos en comparación con otros países. Además, dijo, Chile tiene ahorros como los Bonos Soberanos y están las reservas del Banco Central.
“Por eso creo que es difícil que surjan críticas por parte de los acreedores. Pero sí veo riesgos en lo interno, en la desobediencia de las personas, actitud que puede alargar por mucho tiempo más la crisis sanitaria, por lo que habrá que seguir buscando recursos para enfrentar sus consecuencias”, advirtió.
Es importante que las personas que no se hayan inscrito en el Registro Social de Hogares, lo hagan, ya que varias medidas de las anunciadas están basadas en esa nómina.
“Se indica que los beneficiarios de las primeras medidas son aquellas personas que ya están en el Registro Social de Hogares, y que pertenecen al 60% más vulnerable producto de esta emergencia. Aquellas ya recibieron el aporte estatal del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE, correspondiente a $65 mil por beneficiario), y no requieren postular al denominado IFE 2.0 de $100 mil por beneficiario. Sin embargo, y dado que la cobertura del IFE 2.0 aumentó de un 60% a un 80% del Registro Social de Hogares, quienes deseen postular pueden hacerlo hasta el 29 de junio en el sitio www.ingresodeemergencia.cl”, indicó la directora de Postgrados y Desarrollo Profesional de la Universidad san Sebastián, Karin Bravo.
Para el economista de la Universidad de Concepción, Claudio Parés, resulta muy importante ir adaptando la política económica a medida que la situación sanitaria exige medidas de confinamiento más estricta y, por ende, mayores dificultades para sostener muchos empleos que no se pueden realizar de manera remota.
“Lamentablemente, pasados ya 100 días desde la llegada de la enfermedad a Chile, la crisis sanitaria parece extenderse más allá de lo presupuestado, por lo que las medidas económicas podrían resultar insuficientes. Lo que ha quedado demostrado es que las precauciones sanitarias no funcionan sin el apoyo económico a las familias vulnerables. Pero lo anunciado en materia económica será insuficiente si las medidas sanitarias no logran aplanar la curva de contagio”.
Para el economista de la UDD, Carlos Smith, en general, lo anunciado constituye “un buen paquete de medidas responsables”.
Pero reconoció que no le gusta tanto el endeudamiento que generará un déficit de 45% del PIB al 2023.
“Esto es complejo, porque Chile es un país donde medidas transitorias terminan siendo permanentes. Por eso es importante que esto tiene que retroceder después y, por lo mismo, lo que hay que pensar es en tener un programa de reactivación económica rápido una vez que comiencen a bajar las restricciones, porque si no será una mochila muy pesada para las generaciones futuras. Esto afecta la equidad intergeneracional”.
Por su parte, el economista de Corbiobio, Ariel Yévenes, es clave definir adecuadamente la bajada territorial de estos instrumentos, de manera que ellos no se queden concentrados en la zona metropolitana y lleguen efectivamente a los territorios y regiones del país, “de manera tal que las necesidades que surjan en los distintos territorios tengan opción efectiva de ser atendidos en su justa magnitud”.
