Una de las modificaciones que se hicieron a la Ley de Protección al Empleo y que comenzó a regir a comienzos de junio es otorgar libertad de acción a las empresas que presten servicios al Estado en medio de la crisis para acogerse a la normativa.
“Se establece expresamente que podrán acceder a los beneficios de la Ley de Protección del Empleo las empresas que contraten con el Estado para la ejecución de obras o proyectos de inversión que se paguen según el estado de avance”, se desprende de la Ley de Protección del Empleo (N° 21.227), conocida como “Ley Corta”.
Esta situación era seguida con preocupación por los trabajadores, muchos de los cuales temen por su salud ante los peligros de operar en medio del coronavirus, como también perder sus trabajos.
Y son varias las empresas privadas que han tenido contagios en la zona, como lo son CAP Acero y Puerto Coronel, bajo la atenta mirada del Minsal.
Situación que se ha repetido en compañías estatales como Enap y Asmar.
Respecto a las firmas que prestan servicios al Estado en la zona, no son pocos los proyectos que se están ejecutando o que están en vías de hacerlo.
El Gobierno Regional, al ser consultado, indicó que de momento no se vislumbra desistimiento de faenas.
“El MOP desde marzo está ejecutando el 100% de la programación de caja”, explicó el Seremi de Economía Bío Bío, Mauricio Gutiérrez.
Por tanto, enfatizó que “ lo anterior significa que todas sus obras están funcionando”.
De acuerdo a la autoridad regional en el segundo semestre partirían obras como el puente Duqueco en Los Ángeles por un monto cercano a los $7 mil millones. O los trabajos de APR ( Agua Potable Rural) en Santa Laura por otros $3 mil millones.
Igualmente siguen en proceso el cuartel de la PDI en Tomé, otro recinto policial en Arauco y Curanilahue, destacó.
“En el sector construcción, de acuerdo a conversaciones que he tenido con la Cámara Chilena de la construcción que aglutina obras privadas como obras públicas, ellos están funcionando en un 80% de su capacidad de obras ejecutables”, subrayó el seremi Gutiérrez.
Precisamente el gran desafío que genera la pandemia es mantener a raya los contagios sin que se paralicen las cadenas productivas.
Y son varias las voces que piden que se aplique una cuarentena en el Gran Concepción, como lo han hecho ver el alcalde Álvaro Ortiz y Henry Campos.
De efectuarse, la paralización, podría complicar a los inversionistas. La Cámara Chilena de la Construcción dio a conocer que 778 proyectos habitacionales a mitad de mayo se encontraban en pausa en el país.
Es por ello que tanto los actores públicos y privados miran con atención la evolución de la pandemia que en Chile no da tregua.