Prohíben el retiro de utilidades a empresas que se acojan a ley de protección

Opiniones divididas entre especialistas, y ahora sólo resta ver cómo se irá desarrollando la dinámica. Algunos temen incentivos perversos con el consiguiente mayor desempleo.

Finalmente se despachó a Ley de la República la prohibición de retirar utilidades a aquellas empresas que se hayan acogido a la Ley de Protección del Empleo, mecanismo ideado por La Moneda para hacer frente a los problemas económicos desatados por la pandemia covid-19, dando un suspiro a las empresas.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, hizo un mea culpa por no haber previsto que grandes compañías se acogerían a esta ley de protección, al tiempo que seguían repartiendo importantes utilidades. Por eso, el gobierno reaccionó enviando una cláusula que autorizaba un tope de retiro de hasta 30% de utilidades, el mínimo legal, pero para el Congreso no fue suficiente, alineándose oposición y oficialismo por la prohibición total.

Pero la controversia no termina ahí, puesto que Briones advirtió que esto podría generar aún más desempleo, porque actuaría como gatillante para más despidos.

Así las cosas, especialistas reconocen que hay pro y contras.

El economista de la Ucsc, Andrés Ulloa, reconoce que éticamente es lo que procede, pero reconoció que puede que algunas empresas decidan no acogerse al sistema de protección de empleo, para poder retirar utilidades y además lograr una reorganización de la empresa.

Pero el economista de la UdeC, Claudio Parés, tiene otra mirada, y asegura que no hay vuelta atrás.

“Nuestra sociedad está acostumbrada a desvirtuar las leyes y funcionar siempre al límite, buscando la forma de cumplir con la letra de la ley, pero no con su espíritu. Esta ley supuestamente estaba pensada para salvar empresas y empleos que estuvieran en una situación límite y no pudieran soportar la cuarentena, pero terminó siendo un instrumento más para maximizar utilidades. Ahora discutimos cuáles deberían ser los parches para evitar abusos, pero ya es tarde: hecha la ley, hecha la trampa. Habrá nuevos parches y nuevas trampas”, sentenció.

Más allá de las posturas, habrá que esperar el real efecto de esta medida. Así lo puntualizó el ingeniero Civil Industrial y magíster en Finanzas de la USS, Gonzalo Chávez.

“En cuanto a números se refiere, es difícil saber cuál es el efecto que dominará al final. Lo que queda claro es que no es una buena señal en cuanto a imagen se refiere, considerando el clima social que ya venía desarrollándose desde el año pasado y la pandemia que vivimos actualmente”.

Ante la disyuntiva, clave será el tema de las definiciones, argumenta el abogado Pedro Eguiguren. “Acá lo que se tiene que definir son las condiciones y características de las empresas que se verán afectadas por esta prohibición. También si esta medida tendrá efectos retroactivos, si sólo será aplicable para las sociedades anónimas abiertas, la forma de fiscalización y sanciones”.

¿Cómo puede impactar a las sociedades anónimas? El abogado, Álvaro Moraga, recordó que éstas son el motor de la economía, ya que ellas permiten que el ahorro público se transforme en desarrollo. Y medidas como estas afectan de muchas formas. En primer término, desde el punto de vista de la seriedad del sistema económico, cuyo mejor o peor funcionamiento repercute de manera directa en la recaudación fiscal. A la vez, si estas sociedades anónimas tienen el mandato legal de hacer todo lo que esté a su alcance en pos del interés social, medidas como esta abren la puerta a que los despidos pasen a ser una alternativa. Así opera desde una costurera, que por falta de trabajo debe despedir a su ayudante, hasta una sociedad anónima, que tiene inversiones en curso por cientos de millones de dólares.