Una importante ley que beneficiaría a 4,7 millones de trabajadores, asegura el Gobierno, se despachó del Congreso, que en lo medular, impide despidos por coronavirus como causal, aunque se mantiene “por necesidades de la empresa”.

Entre las múltiples especificaciones, se establece que para el financiamiento de las prestaciones del seguro de desempleo se girarán los recursos de la cuenta individual por cesantía del trabajador, compuesta por los aportes del empleador correspondiente a un 1,6% de la remuneración, en caso de los contratos indefinidos, o de un 2,8%, en los contratos a plazo fijo o por obra o faena determinada. Y también del trabajador, de un 0,6%, en los porcentajes y meses que se fijan en la Ley que establece un seguro de desempleo (Ley 19.728).

Cuando los recursos mencionados fuesen insuficientes, los aportes se financiarán con cargo al Fondo de Cesantía Solidario en los porcentajes, meses y afecta a los valores superiores para cada mes a que alude la citada ley y para lo cual se entregan tablas para fijar los valores inferiores a considerar en cada mes de aplicación.

Sin embargo, el empleador sólo pagará el 50% de las cotizaciones laborales durante la suspensión del vínculo.

Para el director del Departamento de Economía de la Universidad de Concepción, Claudio Parés, más allá de la ley o la polémica instalada por la mantención completa o parcial del pago de las cotizaciones por parte del empleador, “lo que ha demostrado esta crisis es lo precario de nuestro sistema de seguridad social. Esto, porque en un escenario de crisis como este debes elegir a quién proteges. Si tuviéramos un sistema de seguridad social robusto, podríamos minimizar el costo de la elección: no es necesario sacrificar tantas empresas ni tantos empleos”, sostuvo Parés.

Por su parte, el abogado y académico de Derecho de la USS, Robert Concha, valoró el esfuerzo de esta ley. “Creo que esta decisión unida a la posibilidad de que trabajadores accedan a su fondo individual de cesantía, son herramientas muy útiles para afrontar la actual situación de emergencia que atravesamos, dado el profundo impacto negativo que ya está teniendo principalmente en las pequeñas y medianas empresas, que no cuentan con liquidez ni respaldo financiero para afrontar un costo fijo permanente como es el pago de remuneraciones. Estas medidas van, en mi concepto, en el sentido correcto para tratar de proteger las fuentes de empleo y no generar lagunas previsionales que afecten las futuras pensiones de los trabajadores.

En tanto, la directora de Postgrados y Desarrollo Profesional USS, Karin Bravo, dijo que “la ley de protección de empleo será una ayuda para un gran número de trabajadores. Sin esta protección, una pyme que no tiene mayor espalda financiera, se ve en la obligación de desvincular a sus trabajadores si no tiene actividad económica, pues no es capaz de sostener la planilla de sueldos que debe cancelar sin vender”.