En condiciones de ser visto por la Sala, quedó el proyecto que fortalece los protocolos determinados por la institucionalidad de salud pública en tiempos de catástrofe, epidemia o contagio, mediante el aumento de las penas a delitos por infracción a las reglas higiénicas o de salubridad, y con multas que podrían llegar hasta los $50 millones. Esto luego que los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento aprobaron en general y particular el texto.

En la propuesta no solo se castiga a la persona que falte a la disposición sanitaria, sino también al empleador que obligue a asistir presencialmente al lugar de trabajo conociendo el toque de queda o la situación de aislamiento social.

Las multas podrían ser cursadas a empresas y personas, y partirían en los $5 millones, según sea el caso y la medida violada.