Déficit de lluvias es de casi 60% en el Gran Concepción

Todos los registros de la Dirección General de Aguas ratifican una menor disponibilidad del recurso, lo que obliga a tomar y definir acciones para hacer frente a la sequía.

Según el último informe pluviométrico de la DGA, correspondiente al mes de febrero, en Concepción cayeron 14,8 mm, siendo el valor promedio de 34,3 mm, lo que significa un déficit de 57%. En Chillán, este es de 78% y en Cañete de 39%.

Por otra parte, el embalse natural más grande de Chile, la laguna Laja, presentó en febrero 1.196 millones de m3, versus los 1.365 mill/m3 del mismo mes de 2019, muy por debajo de su promedio histórico de 3.338 mill/m3.

Sólo algunas cifras recientes aportadas por la Dirección General de Aguas y que comprueban una menor disponibilidad de agua en la zona, y que ratifican un escenario de escasez hídrica que viene de la mano del cambio climático y que obliga a tomar medidas.

¿Carretera hídrica?

El proyecto Aquatacama es una de las iniciativas que buscan transferir agua desde la zona sur con la idea de regar aproximadamente 200.000 hectáreas del Norte Grande y Chico de Chile, lo que representaría un aumento de aproximadamente 71% de la superficie regada actualmente en dichas regiones, sostiene el Founding Partner & CEO de Vía Marina, Félix Bogliolo. “Presentamos nuestro estudio que se centra única y exclusivamente sobre los impactos económicos y fiscales generados por la agricultura de las regiones beneficiarias de nuestro proyecto”.

La superficie de riego tiene un efecto estadísticamente significativo sobre el empleo agrícola regional y sobre el PIB agrícola, añadió. “Al aumentar la superficie de riego en 1%, el empleo agrícola regional aumentaría en 0,521% y el PIB agrícola aumentaría en 0,256%. En consecuencia, el proyecto Aquatacama aumentaría el empleo agrícola en aproximadamente 37%, es decir 286.000 puestos de trabajo, y el PIB agrícola en aproximadamente 18%, es decir, 825 mil millones de pesos”, aseguró Bogliolo.

Consultada la directora del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería (Crhiam), Dra. Gladys Vidal, sobre la idea de una carretera hídrica, esta dijo que estas iniciativas “priorizan la economía de libre mercado” y no tienen ningún respaldo ambiental, ni consideran ninguna evaluación social del territorio de donde se saca el agua. “Desde el Centro Eula e Imo han explicado ampliamente los impactos ambientales en los ecosistemas marinos o en la conexión río-mar debido a la extracción de agua para su transferencia”.

Vidal estimó que los datos de Vía Marina (Aquatacama) no realizan un análisis responsable de los costos que tendrán que enfrentar los ecosistemas y la población desde donde se transfiere el agua.

“Deberíamos evolucionar a tener una vida de calidad con menos agua y poder planificar el país respecto a cómo se gestiona el recurso hídrico frente a un escenario de menor cantidad de agua. Esto requiere una política de Estado, pero también nuevos niveles de conciencia y educación para una gestión integral del país”, planteó Vidal.

Agua desalada como bien de uso público

Parte de la solución a la escasez hídrica, además de fomentar un consumo racional, pasa por una serie de obras, en donde las plantas desaladoras parecen ser una de las alternativas con mayor proyección, estimó el abogado Socio de Estudio Arteaga Gorziglia, Luciano Cruz.

Cabe recordar que actualmente, las plantas desaladoras existentes en Chile (y las que se encuentran en desarrollo), corresponden en su gran mayoría a iniciativas e inversiones de privados.

“La propuesta del MOP para que las desaladoras reserven el 5% del agua que produzcan para uso público, va en respuesta a una moción parlamentaria sobre desalinización que, entre otras cosas, busca declarar el agua desalada como un “bien nacional de uso público”. Declarar el agua desalada por los particulares, con inversión propia, como “bien nacional de uso público” implica abrir la puerta para posibles intervenciones por parte del Estado en esta industria lo que, a mi juicio, es un error que puede traer graves consecuencias y terminar siendo un freno al desarrollo de estas obras que son necesarias y urgentes”.

Cruz estimó que se puede encontrar una oportunidad única para generar una instancia público-privada para el desarrollo de una infraestructura nacional de desalinización, que propenda a un uso eficiente del borde costero, permita la construcción de infraestructura pública de transporte de agua desalada para llegar a lugares remotos, asegurando su acceso a la población (tanto para uso doméstico como para la agricultura) y todo esto mediante la participación de privados que puedan asumir tales gastos.

Recarga de acuíferos

Quien también se inclinó por impulsar las desaladoras fue el investigador central del Crhiam, José Luis Arumí.

“A mí, en general, me producen mucha preocupación estos proyectos de carreteras hídricas, ya que podrían ser un negocio de infraestructura muy importante a costa de la desesperación del Gobierno de turno por cortar cintas. Y el hecho de que generan un subsidio de la zona que tiene agua a la zona que no tiene y que al usar el agua transferida genera una dependencia. Me gustan más las soluciones de menor escala, pero mas sustentables como son el reuso de aguas servidas, la recarga artificial de aguas subterráneas o la desalación”.

Arumí recordó que muchos países han comenzado a recargar artificialmente los acuíferos, buscando así almacenar agua (en épocas que abunda) para poder extraerla (en épocas en que escasea) o simplemente mantenerla ahí para la protección de los ecosistemas asociados. En Chile esta herramienta no se ha masificado debido a dificultades tecnológicas y jurídicas, puntualizó el investigador del Crhiam.