Se utilizan empresas, entidades, “palos blancos” para operar sin que nadie sospeche. Recientemente, un agente de aduanas y un notario fueron sancionados por ser parte de redes.
De acuerdo a la Unidad de Análisis Financiero, UAF, entre el año 2007 y el año 2018 se han dictado cinco sentencias condenatorias en la Región del Bío Bío relativo al lavado de activos, es decir, dineros y bienes.
Y no tan sólo eso. Producto de ello, en el mismo periodo, se han decomisado seis inmuebles avaluados en $57 millones.
Todos estos datos se desprenden del V Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile que analiza las 107 sentencias definitivas y que involucran a 207 personas condenadas.
Por ejemplo, la entidad de gobierno evidenció que en 2018 en la zona hubo dos casos sancionados. Uno que involucraba a un agente de Aduanas y otro a un notario.
Según la Unidad de Análisis Financiero, UAF, es el acto de ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero o bienes obtenidos ilegalmente.
“Implica introducir en la economía activos de procedencia ilícita, dándoles apariencia de legalidad al valerse de actividades lícitas, lo que permite a delincuentes y organizaciones criminales disfrazar el origen ilegal de su producto, sin poner en peligro su fuente”, precisaron.
Comúnmente se identifica el narcotráfico como el principal delito en base del lavado de activos.
Sin embargo, no es el único: también se puede originar en la venta ilegal de armas, la trata de personas, las redes de prostitución, la malversación de fondos públicos, el uso malicioso de información privilegiada, el cohecho, el fraude informático y el terrorismo, entre otros.
“Todos ellos producen beneficios y ganancias mal habidas, que crean incentivos para que se intente legitimarlas”, dijeron desde la UAF.
Al desglosar por regiones, se observa que las 107 sentencias condenatorias se dictaron en nueve regiones del país, siendo la Metropolitana la que concentra el mayor número (72), equivalente al 67,3% del total.
Siguen las regiones de Valparaíso con 11 (10,3%), el Libertador Bernardo O’Higgins con siete (6,5%) y el Bío Bío, como ya se puntualizó, con cinco (4,7%).
Las otras 12 condenatorias restantes fueron dictadas en las regiones de Arica y Parinacota (2), Tarapacá (4), Coquimbo (3), Maule (1) y La Araucanía (2).
Y al analizarse por tipo de delito base o precedente, el tráfico de drogas encabeza las condenas (72% del total).
Por otro lado, los delitos de corrupción se han incrementado en los últimos años.
“Así, de las 107 condenas del periodo 2007- 2018, 10 son por cohecho, siete por fraude al fisco, cuatro por malversación de caudales públicos y tres por negociación incompatible. El resto de las condenas se asocia con la obtención fraudulenta de créditos, estafa, entrega de información falsa al mercado, uso de información privilegiada, trata de personas y contrabando”, especificaron desde la UAF.
Los sectores más vulnerados por los lavadores de activos fueron las notarías y las automotoras, seguidas de los bancos, los conservadores de bienes raíces, los corredores de propiedades, las empresas de gestión inmobiliaria y las casas de cambio.
“Cabe destacar que, de todas estas actividades, las automotoras son las únicas que no están reguladas por la Ley N° 19.913 de la UAF; por tanto, legalmente no están obligadas a adoptar sistemas de prevención/detección del lavado de activos”, resaltaron.
La información de las 107 sentencias condenatorias fue sistematizada en 72 casos, para una mejor comprensión del fenómeno y de los mecanismos utilizados para ingresar activos de origen ilícito a la economía chilena, señalaron.
El análisis de esos, arrojó un total de 85 señales de alerta, siendo las más frecuentes las que dicen relación con el comportamiento de un cliente y su quehacer comercial.
Esto es, operaciones que no se condicen con la capacidad económica ni el perfil del cliente (señal presente en 55 casos), el cual en un corto periodo aparece como dueño de importantes y nuevos negocios o activos (46 casos) y compras realizadas para terceros, que permiten el anonimato en la propiedad de los bienes (46), entre otras.
A su vez, en los 72 casos esquematizados se individualizaron cinco tipologías de lavado de activos, siendo el uso de testaferros el mecanismo más frecuentemente utilizado para ocultar o disimular los recursos obtenidos de manera ilícita. De hecho, esta tipología estuvo presente en 59 de los 72 casos analizados (81,9% del total). Más atrás se ubicaron la creación de personas y estructuras jurídicas (presentes en 43 casos, 59,7% del total), el fraccionamiento o ‘pitufeo’ (4 casos, 5,6%), el uso de profesionales legales-financieros (2 casos, 2,8%) y las operaciones asociadas al cambio de divisas de origen ilícito (1 caso, 1,4%).
Respecto de los comisos, entre 2007-2018, el informe de la UAF señala que el valor total ascendió a $8.630 millones: $3.732 millones por comiso de 121 bienes inmuebles (43,2% del total), $2.949 millones por comiso de dinero (34,2%), $1.914 millones por comiso de 256 vehículos (22,2%) y $19,2 millones por comiso de 2 maquinarias industriales (0,2%).
El informe puntualiza que del total de inmuebles de comisados entre 2007 y 2018, la Región Metropolitana concentra el mayor número y monto (57 por $1.918 millones). Le siguen las regiones de Valparaíso (25 por $730 millones), la de Coquimbo (nueve por $222 millones) y las del Libertador Bernardo O’Higgins (seis cada una por $191 millones) y Bío Bío con $57 millones ya señalados.
En tanto, las comunas que registraron los mayores montos decomisados son: Lo Barnechea (10,4% del total, equivalente a $388 millones), Las Condes (8,9% y $332 millones), Ñuñoa (7,5% y $281 millones), Viña del Mar (6,4% y $239 millones) y La Florida (5,7% y $213 millones).
Al analizar el comiso de dinero se observa que el 36,7% fue confiscado en efectivo (billetes y monedas), el 33,2%, en dinero bancario (cuentas corrientes, cuentas vistas y depósitos a plazo, entre otros), el 27,7% en moneda convertible, y el 2,4%, en acciones, monedas de oro, derechos y dinero obtenido por remates.
De acuerdo a la UAF los Reportes de Operaciones Sospechosas, denominados ROS, de lavado de activos o financiamiento del terrorismo de 38 actividades económicas y del sector público, son claves en el proceso.
Una vez recibidos, se le aplica inteligencia financiera a todos los ROS, con el único fin de encontrarles indicios de eventuales delitos. “En caso de detectar señales, la UAF elabora un informe de inteligencia que únicamente envía al fiscal nacional del Ministerio Público”, detallaron.
Una vez recibido la documentación, el Ministerio Público lo vincula con un Rol Único de Causa (RUC), lo que da origen a una investigación por, lo que incluye métodos intrusivos y encubiertos de investigación policial.
La parte investigativa, persecutoria y sancionatoria le corresponde a la Fiscalía, policías y Tribunales de Justicia.
“De los 7.001 sujetos obligados (personas naturales y jurídicas privadas) inscritos en nuestro Registro de Entidades Reportantes, al 31 de diciembre de 2019, 184 son de la Región del Bío Bío”, indicaron.
Y de las 142 fiscalizaciones en terreno que la UAF realizó en 2019, un total de cinco se efectuaron en Concepción.
“De encontrárseles incumplimientos a la normativa antilavado, se les inicia un proceso sancionatorio administrativo”, informaron.
En la zona, como se adelantó, durante el 2018 hubo dos sanciones definitivas condenatorias. El agente de Aduanas y el notario fueron sancionados con multa a beneficio fiscal, revelaron. Lo procesos relativos al 2019 estarán disponibles a fines del primer trimestre, adelantaron.
Ilustraciones: Andrés Oreña P.