El pleno del Tribunal Constitucional rechazó, de manera unánime, los requerimientos de dos jubiladas que buscaban retirar todos los ahorros que durante largos años de trabajo depositaron en sus respectivas AFP.

Se trata de una profesora y una técnico en enfermería, quienes solicitaban declarar inaplicable el Decreto Ley 3.500, que creó el sistema de AFP en 1980, por ser inconstitucional y atentar contra el derecho de propiedad de los dueños de los fondos de pensiones, es decir, los afiliados.

Los argumentos de los ministros del tribunal serán entregados próximamente en las sentencias de cada caso.

Durante los alegatos realizados esta jornada, los abogados defensores de las AFP Cuprum y Hábitat argumentaron que los tribunales no deben cambiar modelos y que retirar los ahorros tendría un enorme perjuicio.

Estos casos pusieron en el tapete el derecho a propiedad de los dineros de los cotizantes, lo que incluso puso en alerta a autoridades de Gobierno, quienes pidieron al TC rechazar los recursos, señalando que el retirar los fondos podría afectar el derecho a la seguridad social.