En condiciones de convertirse en ley de la República quedó el proyecto de ley que entrega, de manera retroactiva a partir del pasado 1 de diciembre, un reajuste de las remuneraciones de los funcionarios públicos.
Se trata de un reajuste general de 2,8% para las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, de quienes reciben hasta 3 millones de pesos brutos mensuales. Quienes ganen sobre ese monto tendrán un reajuste de 1,4%.
La iniciativa establece que el reajuste no se aplicará a las remuneraciones del Presidente de la República, los ministros, subsecretarios, intendentes, los dos más altos grados de la Corte Suprema, el contralor general de la República, congresistas y los ministros del Tribunal Constitucional.
También se entregará un bono de término de conflicto: para las rentas inferiores a $700.000 el bono será de $190.180; y de $94.062 para las rentas entre $702.000 y $2.557.000.
Además, la autoridad subió el bono de $30.000 a $35.000 para los funcionarios que reciban un salario menor a $519.000, con el objetivo de avanzar a la meta de que ningún empleado fiscal reciba un ingreso base menor a $500.000.