La respuesta al estallido social debe ser política: “un pacto con la participación de todos los actores para construir una estrategia acorde con las demandas ciudadanas”.
La pregunta hoy no es si Chile está o no en camino a una recesión, porque las cifras lo han dejado muy claro. Todo indica que vamos a cerrar el 2019 con crecimiento negativo. La duda es: ¿cuál será el impacto económico y cómo podemos revertir la situación?
El académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Concepción, Víctor Hernández Roldán, confirma que el país está en ruta de una recesión técnica para inicios de 2020, y los efectos se harán sentir en la actividad económica, principalmente en las cifras de empleo e inversión. A su diagnóstico, el académico agrega la receta: aumentar el gasto fiscal para financiar las demandas sociales.
“Chile tiene dos caminos. Por un lado, hay un gran margen para aumentar el endeudamiento y, por otro lado, está la vía de recaudar más a través de una carga tributaria, por ejemplo, a empresas y al patrimonio”, dice el economista.
De hecho, Chile mantiene una deuda pública que asciende a cerca de un 27% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que en términos internacionales es extraordinariamente baja. Chile tiene la cuarta deuda más baja de América Latina y una de las 10 más bajas del mundo. Por ende, hay holgura para buscar recursos por esta vía.
A su vez, el país conserva ahorros – resultado de una política fiscal austera- que suma US$25 mil millones. De ese total, US$15 mil millones son parte del Fondo de Estabilización Económica y Social, que podrían ser utilizados precisamente en la actual situación del país.
Víctor Hernández enfatiza: “Hoy tenemos una crisis institucional y, por lo mismo, no es factible que las mismas instituciones que están cuestionadas, sean las que busquen entregar respuestas a las demandas de la ciudadanía. Además, tenemos una crisis valórica, dado que se perdió la confianza en muchas instituciones que tenían credibilidad”.
Así, el anuncio de un plan de reactivación y protección del empleo que se traducirá en una inversión estatal superior a 5.500 millones de dólares en 2020, no va en línea con el clamor de las calles. Si bien son medidas paliativas, no atacan el fondo de los problemas.
“No podemos desaprovechar esta oportunidad histórica para efectuar cambios profundos en lo social, en lo económico y en lo institucional”, dice el economista. Como punto de partida, explica, un acuerdo político que posibilite destrabar trámites legislativos, que coloque el bien del país por sobre los intereses partidarios, y que permita instalar una agenda social acorde con las demandas de todos los ciudadanos”.