Camioneros enviaron una “señal al Gobierno”, a raíz de un historial de demandas que incluyen financiamiento, pago a proveedores, peajes y políticas antidumping, entre otras.
“Lo que hicimos hoy fue enviar una señal de advertencia a las autoridades. Para que nos tomen en serio, porque así como estamos no da para más. Pero también quiero dejar muy claro que los camioneros no hemos tenido la intención ni hemos hecho un acuerdo para hacer un paro. Sabemos perfectamente la responsabilidad que tenemos”.
Así, Nelson Vergara Bórquez, secretario general de la Asociación de Dueños de Camiones de la Región, contestó a los rumores de que los transportistas de carga estarían preparando un paro nacional. Ello, tras la manifestación de ayer en que cerca de 200 camiones fueron estacionados en los alrededores de la calle Jaime Repullo, en Talcahuano.
Según explicó Vergara, se trató de “una señal de advertencia” ante la falta de respuesta de sucesivos gobiernos a las demandas de los transportistas. El grado de desarrollo alcanzado por la economía nacional, dice Vergara, “no se condice con la anarquía que existe en el transporte de cargas” y “como no hay un orden congruente a los requerimientos, ni una legislación donde los distintos modos sepan a que atenerse, la lucha por los espacios o la superposición de unos sobre otros es ya insostenible”.
Entre los problemas que enfrentan, el dirigente afirma que subsidiarias de compañías navieras, ninguna de las cuales posee camiones, cuentan con equipos de vendedores que recorren el país para captar fletes por carretera.
“La fórmula es muy simple: utilizando su vínculo con el comercio exterior chileno, ejerciendo posición dominante e integración vertical, identifican al potencial cliente; y bajo el sólo argumento de una considerable rebaja a las tarifas existentes logran quedarse con los fletes. Mismos que, una vez adjudicados, son ofrecidos a los camioneros a un 20 o 30% menos de lo que ellos cobran”.
Vergara explica que sociedades carentes de camiones, “instalados” de manera formal o informal, realizan el mismo trabajo especulativo descrito. Pero con una diferencia radical: nadie ni nada puede certificar que los fletes captados por ellos, vayan a ser cancelados a quienes realmente los efectuaron. Incluso, es bastante común que se lleven el flete y el IVA adicionado a la factura, o desaparezcan para más tarde reemerger en otro lugar.
El dirigente agrega que es necesario, entre otras medidas, “transparentar el mercado del flete”, exigiendo que quienes participen en licitaciones u ofrezcan a las empresas realizar transporte por carretera, imperativamente, deban fijar las tarifas a partir de un estudio de costos asociado a la tarea transportadora.
Otra demanda de los transportistas de carga se relaciona con las concesionarias de calles y caminos, que “ejercen bajo contratos con ventajas exageradas”, como reajustes anuales, pasadas mínimas garantizadas, cobros diferenciados por horario que en carretera llegan hasta a cuadruplicar en caso de camiones con carga sobre dimensionada.
“Esa es una fórmula arcaica que no se justifica en un país atractivo para hacer negocios, políticamente estable y con seguridad jurídica. Menos, cuando para determinar la estructura original de tarifas no se previó que el aumento explosivo del parque automotriz harían innecesarias la “ventajas” originales”, dice Vergara.
Además, las Pymes de transportistas deben aceptar el pago de sus servicios y productos “cuando al mandante se le antoja, y así lo afirmo, porque los 46 a 56 días – que por ahí alguna estadística afirma- casi podría decirse que son “aceptables” frente al desparpajo de quienes lo hacen mucho más allá de 100 días”.
Vergara concluye: “Cuando un grupo de camioneros se manifiesta de manera pública, reivindicando determinados temas, que duda cabe: son los mismos de siempre y no resueltos, que vuelven a ponerse en el tapete”.