Las alertas ambientales que deja la agenda ProInversión

Abogado enfatiza que este proyecto está en línea con el rechazo del Gobierno a suscribir el Acuerdo de Escazú, lo que se contradice con la intención de liderar la COP25.

El pasado 3 de septiembre se aprobó en la Comisión de Hacienda del Senado, el polémico proyecto de Ley “Pro-Inversión I”, el cual introduce una serie de modificaciones a la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente y, especialmente, al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia). La iniciativa, según el propio Gobierno, tendría el objetivo de acelerar las inversiones en el territorio nacional, la competitividad de los mercados y la productividad.

El proyecto ha provocado el rechazo de distintas organizaciones. Desde la Fundación Terram, el abogado Ignacio Martínez explicó que el Gobierno ha priorizado esta iniciativa para dar respuesta a la tardanza en la tramitación y aprobación de proyectos de inversión, buscando flexibilizar las normativas sectoriales vigentes, entre ellas las referidas al Seia.

Incluir modificaciones al Seia en un proyecto que tiene como única finalidad el promover la inversión, detalló Martínez, “implica una desnaturalización de este mecanismo como instrumento de gestión ambiental, sobre el cual no sólo debe haber consideraciones económicas, sino sobre todo ambientales y sociales”.

Otro punto importante es que proyecto agenda ProInversión dispone que lo resuelto en las consultas de pertinencias por el Seia serán vinculantes para efectos del seguimiento, fiscalización y sanción ambiental, limitando las facultades de la Superintendencia del Medio Ambiente, dijo el abogado.

Al respecto, la directora ejecutiva de la misma entidad, Flavia Liberona, añade que la vocación de este proyecto “explica la actitud política que el Gobierno ha mostrado en materia ambiental al no querer suscribir el Acuerdo de Escazú, el primer Acuerdo latinoamericano en materia ambiental y de Derechos Humanos que aborda temas de acceso a información, participación en la toma de decisiones en materia ambiental y protección de los defensores ambientales”. En definitiva, este proyecto “representa una contradicción con su intención de liderar la COP25 y poner a nuestro país como sede de este evento de alcance mundial”, dijo Liberona.