Se agotaron todas las instancias y también la paciencia explicaron desde GNL Talcahuano, razón que sustenta el recurso de protección ingresado el pasado sábado en contra de Gasoducto del Pacífico, a quienes acusan de abuso de posición dominante, colusión y prácticas monopólicas, ya que han dilatado hasta hoy el necesario certificado de factibilidad de conexión, acusan.

El tema pasa, según explica el gerente de Asuntos Públicos de GNL Talcahuano, Francisco Ibieta, porque la empresa Innergy forma parte del mismo grupo económico del operador del ducto (CGE Gas Natural), y comercializa actualmente gas natural.

“ En lo concreto, desde la perspectiva de los fines de este recurso, es que la referida nota unilateral de Gasoducto del Pacífico S.A. produjo el efecto de remover la base de certeza, claridad y estabilidad, del proyecto de la empresa que represento, base que estaba dada por el Certificado de Factibilidad de Conexión, tan claro y preciso, de 2011”.

Esto, en referencia a una carta escrita por la gerente general de Innergy, Patricia Palacios, quien expresó en cuanto al certificado de factibilidad emitido en 2011 que “que fue otorgado a una razón social diferente; que fue otorgado en términos muy generales y sin detallar condiciones de operación; y que la conexión en cuestión no se halla considerada entre las inversiones de corto plazo de la compañía que dirige gerencialmente”, dice el recurso.

Lo anterior resume la posición en que se encuentra Gasoducto del Pacífico y que, obviamente, resta certeza a la construcción del terminal GNL Talcahuano.

El abogado patrocinante del recurso, Mario Rojas, explicó en la acción que Innergy, distribuidora y vendedora de gas natural (argentino), y  Gasoducto del Pacífico concesionaria de transporte de gas, se comportan de hecho como si fueran una sola empresa, de manera que los intereses de aquélla inciden en el comportamiento de ésta, y, es más, Innergy trata las tuberías de Gasoducto del Pacífico como si estuvieran destinadas a la utilización en interés suyo, olvidando, por cierto, que su naturaleza jurídica es la de una empresa concesionaria de un servicio público de transporte de gas, que sustituye en ello al Estado, y que debe, por lo mismo, por un lado, ofrecer y prestar el servicio concedido, y, por el otro, hacerlo mediante un tratamiento igualitario”, sostuvo.

Otro punto que destacó Ibieta es que el ducto es una infraestructura pública, entregada a concesión a Innergy, lo que significaría otro argumento que justifica la acción judicial.

“Mi parte requiere de certeza y claridad: o sea de información precisa, clara y concreta. No es posible que se le mantenga, caprichosamente, en una situación de incerteza”, sentencia el recurso de protección presentado por el abogado, Mario Rojas.

En definitiva, se busca saber si la concesionaria mantiene o modifica el certificado de conexión de 2011,  de 2011, y conocer si lo modifica, a qué condiciones finales considera sujeta esa factibilidad, de manera de poder resolver si se debe impugnar o no la definición oficial y final de Gasoducto del Pacífico.

Consultado el gerente general del a CPC Bío Bío, Ronald Ruf, éste declinó opinar argumentando que es un problema entre privados fuera de la órbita gremial.

En tanto, no fue posible obtener una respuesta o la visión de la empresa que opera el gasoducto.