En total, 450 personas liquidaron sus bienes y lo mismo hicieron 124 empresas. Para Defensa Deudores, se trata de un reflejo de la débil economía local.
De que no fue un buen año, se notó. Ejemplos sobran: Sauré, Café Años Luz, Quick Biss, Modas Kiss, la Fábrica de Albano, cierre de cortinas de sucursales de farmacias Ahumada, por nombrar algunos.
La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, SIR, entregó el informe final del año 2018, correspondiente a Diciembre.
Fue así como la Región del Bío Bío quedó en segundo lugar a nivel nacional, en cuanto a someterse a procesos de liquidación (quiebras) de bienes, tanto para personas como en empresas.
De acuerdo a la entidad, en cuanto al Procedimiento Concursal de Liquidación de Bienes de la Persona Deudora en el país, “se contabilizaron 3.536 casos”.
Así, entonces, la Región Metropolitana tuvo 1.775, seguido por la Región del Bío Bío, que anotó 450.
En lo que respecta a las liquidaciones de compañías, a lo largo de todo el territorio, se trabajó con 1.341 solicitudes.
Quien lidera en este ítem fue la Región Metropolitana con 697 y, posteriormente, el Bío Bío con 124.
Para el socio de Defensa Deudores, Ricardo Ibáñez, que la Región este en tan alta posición obedece a al reflejo de su rendimiento.
“Responde a la débil situación económica que está viviendo la Región, que junto con Santiago, Antofagasta y Valparaíso, son las que más se han visto complicadas por las altas tasas de cesantía y el bajo crecimiento”, explicó.
El experto también hizo una comparación interanual con el 2017. “Aumentó en torno a un 30% en las empresas, versus un 70% en las personas naturales”.
En los otras modalidades, en cuanto al Procedimiento de Reorganización de Persona Deudora, sólo 57 optaron por esta modalidad en la zona.
Mientras que las empresas que tomaron la vía de salvarse, fueron sólo dos.
De el por qué de tan bajos números, Ibáñez tiene una opinión. “Para el reemprendimiento las barreras de entrada son múltiples. Se requiere de un informe de un auditor que sea reconocido por el superintendente y un informe de auditoria de esta naturaleza puede costar desde las 100 hasta las 1.500 UF”.
Es decir, una Pymes no podría costear los casi 3 millones como mínimo que se requieren.
Es por ello que precisó que a diferencia de otros analistas que son más críticos con la normativa, se deberían simplificar al menos un aspecto importante.
¿Cuál?: “Dar la categoría de personas a aquellos ciudadanos, chilenos, que emiten boletas a honorarios, ya que cualquiera que haya emitido una en 24 horas es considerado empresa por la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento”, aclaró Ibáñez.
Es por ello que está de acuerdo que la actual aplicación del marco legal tiene alcances positivos. “La gente de la Octava Región ha logrado entender que este mecanismo extingue la totalidad de la deuda que es imposible pagar. En segundo lugar, que se rehabilita al deudor que cuando es declarado insolvente y tras liquidación voluntaria, queda absolutamente eximido de cualquier registro comercial como es Dicom o de cualquier otro boletín comercial”.