Cinco veces más alto debiera ser el gravamen a las empresas contaminantes que en la actualidad, cuando se paga 5 dólares por tonelada de CO2 emitida, y además sumar a otros sectores productivos, de tal forma de poder cumplir con la meta chilena de reducir en un 30% sus emisiones al año 2030, lo que hasta ahora se ve lejano, según explican expertos.

Es que la problemática del cambio climático global ha provocado que distintos países estén adoptando medidas para reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2), proponiendo incentivos a sus empresas o agentes económicos para disminuir sus emisiones contaminantes.

En este contexto, y con el compromiso de disminuir la emanación de carbono por unidad de PIB en un 30% al 2030 (de acuerdo a la ratificación de Chile en el Acuerdo de París) durante el 2014 la Reforma Tributaria creó el impuesto a las emisiones de carbono para empresas termoeléctricas. Dicho “impuesto verde” impone un pago de 5 dólares por cada tonelada de CO2 emitida, medida positiva para reducir el impacto socio-ambiental, pero que, según expertos, implementada de manera errada.

El economista de la Pontificia Universidad Católica e investigador del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (Isci), Juan Pablo Montero, señala que para cumplir el acuerdo internacional, el impuesto tiene que ser 5 veces más alto, “el impuesto actual tiene que ser de 25 a 30 dólares por toneladas. El impuesto actual responde más bien a la recaudación de impuestos que a política climática”, enfatizó.

Cabe recordar que en Chile, sólo un 20% de las emisiones de CO2 están reguladas por sistemas de precios, ya sea por impuestos directos o por mercado de bono de carbono. El académico, que participó en el Informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU, explicó: “hay que lograr que el que está contaminando esté pagando en todo momento del despacho. Hoy los costos de estas emisiones se prorratean entre las distintas unidades, incluso, empresas que no contaminan tienen que pagar una parte y eso hay que eliminarlo”, planteó.

En el primer año de implementación, las empresas no-contaminantes pagaron 5 mil millones de pesos, equivalente a un 4,75% del total recaudado. Por otro lado, en el 2017 el balance del impuesto pagado por las termoeléctricas fue de 110 mil millones aproximado, y la compensación bordeó los 16 mil millones, siendo equivalente a un 15% de compensaciones.

Montero sostuvo que la implementación del impuesto “introduce distorsiones innecesarias”.

A su vez, propuso una iniciativa que construye a partir de una restricción vehicular bien diseñada que evite la compra de un segundo auto: “queremos no sólo reducir las emisiones de carbono, sino que también las externalidades locales como la congestión y contaminación local, como monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas, explicó.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la UdeC, Ricardo Barra, recordó que los impuestos verdes también gravan a algunos automóviles según la tecnología que utilicen. “Al parecer, esto no ha desincentivado a las personas a comprar, ya que este año el mercado ha anotado cifras récord, por lo que el argumento de que afectan la inversión o las ventas no es tan así”, planteó Barra, inclinándose por la idea de aumentar el cobro a las empresas, aun cuando calificó como un avance el actual cobro del impuesto verde, que en la Región deben pagar sólo 35 empresas, acotó, estimando que se debe avanzar en incorporar a otros sectores productivos, como la agroindustria. “Asimismo, existen responsabilidades individuales en el sentido de implementar acciones que permitan reducir la huella de carbono, generando menos basura, por ejemplo”, expresó Barra.

En tanto, el director de la carrera de Contador Auditor de la Unab Concepción-Talcahuano, Hugo Moraga, sostuvo que “el actual esfuerzo no se puede hablar de suficiente, ya que se ha comprobado que existen otros modelos que permiten reducir más la emanación de carbono. Pero debemos recordar que Chile fue el primero en implementar un impuesto de este tipo para mitigar la emisión de CO2”.

Sobre los desafíos, dijo que lo primero es analizar la necesidad de aumentar el impuesto a la emisión de CO2 que permita cumplir la meta de una reducción del 30% al año 2030. Pero el mayor reto es que las empresas comienzan a buscar otras fuentes energéticas más amigables con el medio ambiente, de tal forma que se deje de lado los combustibles fósiles, enfatizó.