El caso de las llamadas “zonas de sacrificio”, cuyo ejemplo más palpable es el del cordón industrial de Quintero y Puchuncaví (16 empresas) y sus constantes episodios de contaminación atmosférica, abre la interrogante acerca del real alcance de la aplicación de la norma, argumento que muchas veces se esgrime al cuestionar una operación industrial que está causando algún impacto o daño ambiental.

El gerente general de la Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción, Ronald Ruf, estimó que la institucionalidad ambiental es un proceso que ha ido avanzando, proceso nada fácil, reconoció, por sus propias complejidades técnicas y también prácticas.

“A modo de ejemplo cito el plan de descontaminación atmosférica, que ahora hay que analizar el tema de los plazos de implementación de las distintas medidas, por ejemplo”.

Sobre desafíos concretos, Ruf nombró la ley de responsabilidad extendida del productor, la gestión de cuencas hidrográficas y la participación ciudadana anticipada ligada a cambios fundamentales que necesita el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

“Una participación ciudadana anticipada significa que las personas puedan entender bien los proyectos, tampoco se trata de salir a vender una idea, sino a explicarla, de manera de poder recibir a tiempo el feedback de las personas que sienten que sus vidas serán afectadas negativa o positivamente”.

Sobre el caso de Quintero-Puchuncaví, Ruf dijo que hay que avanzar en mejorar regulaciones y ver cómo la autoridad se hace parte haciendo los análisis y controles que corresponden.

“En paralelo, las empresas y las personas que ahí trabajan, deben entender que esto es parte de la cultura país. El número de empresas que ahí operan a mí no me dice nada, el tema no va por ahí, sino que los directorios y los ejecutivos que están a cargo de los procesos de esas entidades públicas y privadas, tienen que asumir en el día a día el minimizar la posibilidad de que existan eventos, y cuando se den, tienen que darse a conocer. Hay que avanzar en mayor transparencia cuando ocurren hechos impredecibles propios de la actividad industrial, y así dar pronto con la solución”, enfatizó Ruf.

La abogada Paula Nieto, académica de pre y postgrado en la facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, recordó que la Ley de Bases del Medio Ambiente, promulgada en 1994, tiene varios instrumentos de gestión ambiental, no sólo el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y que muchas veces no son ocupados. A su juicio, las normas de calidad son deficientes, así como las de emisión, y ambas deben ser revisadas cada cinco años, pero esto nunca ha ocurrido. “Hoy son laxas”, enfatizó.

La abogada destacó además la importancia de la planificación territorial, que vele por un desarrollo industrial armónico y contribuya a evitar que un conjunto de industrias se concentre en un lugar determinado y acotado del territorio.

“Hay que entender que lo que pasó en Quintero y que podría pasar en Coronel no es monocausal, sino que es producto de una serie de emisiones de fuentes que fueron aprobadas por separado, pero que en su conjunto son mucho peores. Se deben analizar los efectos sinérgicos”.

En tanto, el decano de la Facultad de Ciencias Ambientales de la UdeC, Dr. Ricardo Barra, coincidió en que la ausencia de una mirada a los efectos sinérgicos de una serie de actividades industriales es lo que produjo el problema de la zona de Quintero, y que afecta hoy a Coronel.

Además, agregó que está al debe la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Y reforzar las atribuciones y capacidad de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Por su parte, el investigador del Centro de Ciencias Ambientales Eula, Óscar Parra, planteó que es vital, para evitar que se repitan casos como este, una estrategia regional de desarrollo, pero que visualice a la región sistémicamente, y entenderla como un gran sistema ambiental, que tiene un componente ecológico, social y económico y desde ahí planificar según las aptitudes de cada territorio.