Honorarios de la Región del Bío Bío se declaran en rebeldía y no cotizarán para pensiones hasta que el Gobierno de solución

24 de Junio 2018 | Publicado por: Felipe Placencia
Fotografía: Agencia UNO

De acuerdo a la Coordinadora Regional y la Asociación de Municipalidades, hay indicios de que los descuentos podrían prorrogarse por tres años.

Los trabajadores a honorarios están en rebeldía. A la fecha no están dispuestos a pagar las cotizaciones para la jubilación.

Para entender de qué se trata esta revuelta, por normativa a contar de este año se tiene que descontar por boleta a todos los independientes.

Se puede hacer mes a mes o en la Operación Renta 2019, algo que en estricto rigor, se veía posponiendo desde hace un tiempo.

Entonces, con la obligación definitiva vino el problema: que los descuentos de un 10% que hace el SII y son devueltos, ahora serían en total casi un 30% y con cero retorno, considerando el 7% de salud y el restante en seguros de invalidez, accidentes y enfermedades profesionales.

Es decir, que si una persona percibe en total 600 mil, este viene a quedar casi con $400 mil en el bolsillo.

Esto se transformó a comienzos de año en el nuevo frente que las autoridades tuvieron que hacer pecho, especialmente para las casas consistoriales de cada comuna.

¿Y cómo no? A nivel nacional 380.000 personas se desempeñan bajo esta denominación contractual en el servicio público.

Algo que el propio presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Bío Bío, Ángel Castro, tiene claro en cuanto al impacto e importancia.

“El 40% de todos los trabajadores que se desempeñan a nivel país con nosotros, corresponden a honorarios”, resaltó Castro, también alcalde de Santa Juana.

Las protestas en el país y la Región no se hicieron esperar, con marchas programadas a las dependencias del Gobierno Regional.

Algunos municipios, finalmente, acordaron de buena voluntad hacerse cargo de al menos el porcentaje de salud. “De hecho a nivel país la cotización voluntaria de 6,7% bajo a 5,8% y continúa en la tendencia. Nosotros seguimos en rebeldía hasta que definamos cuáles son los derechos y beneficios mínimos que nosotros podemos tener”, explicó la vocera de la Coordinadora Regional de Trabajadores Honorarios, Claudia Barriga.

¿Solución?

De acuerdo a la representante, antes de agosto debería haber una respuesta formal.

“Ahí deberíamos tener claro qué es lo que ofrece el Gobierno. Lo que tenemos como información no oficial, es que sólo nos van a ofrecer la gradualidad, obviamente a costa del trabajador, sin ninguna responsabilidad, inyectando platas frescas a las AFP. Eso es lo extra oficial”, lamentó Barriga.

Este nuevo aplazamiento ya tiene una fecha tentativa. “Hace dos días tuvimos la votación en la Cámara de Diputados producto de una moción que se presentó para postergar la ley por tres años. Ese nuevo plazo, para volver a sentarnos a una mesa intersectorial que permita mirarnos a las caras”, declaró Barriga.

La dirigente, a modo personal, opinó que esto debería comenzar a debatirse desde ya y no esperar años para volver a dialogar y buscar cómo mejorar la situación.

“Pero, eso sí, es un piso mínimo para poder informar a todos los trabajadores de la situación en que estamos, desconocida por muchos, y de cómo poder sentarnos en la mesa y buscar alternativas de solución”, precisó Barriga.

Hace unos días trascendió que el proyecto de pensiones para los independientes estaría casi en un 80%.

Este contemplaría el 4% a la cotización individual con cargo al empleador; el aumento de 42% para el Pilar Solidario con aporte fiscal; el subsidio por años cotizados para que las personas posterguen su edad de retiro y mayor competencia en el sistema.

“Chile tiene una deuda”

La otra crítica apunta a que no sería prudente inyectar recursos a las AFP así sin más, cuando los retornos son más que cuestionables.

“Como país optamos a convenios internacionales para maravillosos negocios de un sector de la sociedad, haciéndonos ver desarrollados en materia de derecho laboral, pero nosotros que la aplicamos no tenemos ningún derecho. O sea, ni siquiera en los más básicos”, apuntó Barriga.

La dirigenta enfatizó además que no se trata de manifestar la desaprobación como un mero capricho.

“No es que estemos en contra de que aportemos para las pensiones. Lo que queremos es que se haga de manera correcta”, apuntó Barriga.

El presidente de la Asociación de Municipalidades, Ángel Castro, opinó similar.

Estimamos que Chile tiene una deuda, en que no se ha asumido su situación de previsión, salud, cuando hay problemas en ello no tienen derecho. Eso el país debe asumirlo en su conjunto. Los municipios estamos dispuestos a colaborar, pero es el Gobierno y el poder legislativo los que tienen que tomar cartas en el asunto que tiene que darles dignidad y derechos que corresponden a más de 380 mil trabajadores en los distintos servicios públicos del país”, criticó Castro.