Dividir en macrozonas y participación ciudadana previa son los cambios más notables al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Desde el año 2010 que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) no sufre algún tipo de modificación, y es por eso que la reforma que planteó el Gobierno de Sebastián Piñera, y que recogió varios de los lineamientos de la administración Bachelet, ha concitado tanto interés. Dentro de lo medular, el proyecto propone modificar las comisiones regionales del Medio Ambiente, y reemplazarlos por tres comisiones macrozonales, que coincidirán en territorio con los tribunales ambientales. Estos nuevos organismos estarían dirigidos por un director, y los otros miembros serán dinámicos, es decir, serán compuestos por el intendente y seremi del Medio Ambiente de la región sobre la cual se evalúa el proyecto, además de actores científicos y técnicos.
El académico de la Facultad de Ingeniería de la UdeC, Claudio Zaror, advirtió que este punto sólo tendría validez si existieran realmente los recursos para darle efectividad a esos organismos, ya que hoy, recordó, el sistema está bastante limitado en cantidad de profesionales. “Una mirada macroregional, necesita de un mayor soporte en capital humano”, enfatizó Zaror.
Por su parte, la abogada, Paula Nieto, recordó que toda esta discusión es sobre lo que aún es un borrador. Dicho esto, se mostró contraria a la idea de las macrozonas, asegurando que no sería un aporte al sistema.
“Sí es importante lo relacionado al ordenamiento territorial, saber dónde se aceptarán proyectos y donde no, eliminando la referencia a empresas de mayor o menor tamaño, y sí atender a la envergadura de los proyectos”.
Sobre este mismo punto, la directora Ejecutiva de Oceana Chile, Liesbeth van der Meer, planteó que es esencial desarrollar una planificación territorial y costera. “Hoy en día son los privados los que deciden dónde quieren instalar sus proyectos, cuando en realidad debiera haber una planificación territorial a largo plazo donde el Estado determine las áreas donde es posible instalar determinadas industrias”.
El segundo pilar del proyecto es la simplificación de los procesos administrativos y dotar de mayor certeza jurídica al proceso de evaluación ambiental. Para esto, la primera medida relevante es que se elimina el llamado Comité de Ministros.
Para el académico del Programa Advance Facultad de Economía y Negocios de la USS, José Ignacio Hernández, esto responde a una reacción esperable frente a todo lo que ocurrió el año pasado y principios de este año con Dominga.
“Durante el año pasado, a través del llamado “comité de ministros”, se dio marcha atrás al proyecto minero-portuario Dominga. La decisión no dejó indiferente a nadie: dos ministros y un subsecretario presentaron su renuncia inmediata, alegando falta de tiempo para tomar una decisión. El oficialismo aludió a la responsabilidad del país en materia medioambiental y la oposición (hoy gobierno) denunció falta de certeza jurídica. Ocho meses después, el Tribunal Ambiental revierte la decisión acusando ilegalidad en la decisión por parte de las instancias administrativas”, recordó.
Además, acotó Hernández, toda cuestión respecto a la resolución de un proyecto ahora deba ser canalizada a través de los tribunales ambientales. “Por una parte, es cierto que estas medidas entregan mayor certeza a las inversiones que deseen instalarse en nuestro país, ya que elimina instancias que pueden ser copadas por agendas políticas, reduce los tiempos de incertidumbre, tanto de los proyectos como de la ciudadanía, y traspasa la argumentación sobre una resolución ambiental a un plano legal. Sin embargo, se arriesga pasar al extremo de judicializar todo, y la actual configuración de los tribunales ambientales no dé abasto”, puntualizó.
En términos de participación ciudadana, se destaca la implementación de la figura de “participación ciudadana previa”, lo que obliga a las empresas de alto impacto ambiental a conducir mecanismos de participación ciudadana antes de la presentación del estudio de impacto ambiental.
Destaca del proyecto de reforma su foco en los procesos, más allá de la modificación de criterios para evaluar el impacto ambiental de un proyecto. Los grandes puntos de la reforma apuntan más a la simplificación del camino que recorre un proyecto desde que ingresa a evaluación hasta su resolución.
Para Hernández, si este es el foco efectivo de la reforma, en efecto debiera tener resultados positivos en términos de incentivo a la inversión. Sin embargo, acotó, se ha olvidado un poco el espíritu de fijar un sistema de evaluación ambiental, el cual es minimizar las externalidades negativas de una empresa sobre el medio ambiente.
“Como economista, extraño la reformulación de procesos para determinar los beneficios y costos económicos de instalar un proyecto con impacto medioambiental, y no solo en términos de empleos o riqueza, sino que también los potenciales costos por la pérdida de ecosistemas por la implementación de proyectos. Creo que esta era una oportunidad valiosa de, además de solucionar las trabas burocráticas, actualizar metodologías y acercarnos un poco más a lo que hoy es estándar en otros países que han legislado sobre el tema”.
Respecto a este punto, el gerente general de empresas Himce, Humberto Cerda, planteó que lo que el sector privado solicita es que se agilicen más los plazos y que se simplifiquen los procedimientos, sin que esto signifique dejar de lado los debidos resguardos ambientales.
“Un ejemplo de esto fue lo que ocurrió con el proyecto Mapa, que finalmente contó con autorización, pero la empresa debió actualizar información para decidir si invertir o no, ya que las condiciones económicas ya habían cambiado en el intertanto. Por otro lado, Concepción aún espera el puente Industrial, también demorado por la burocracia del Seia”.