La medida busca establecer sanciones a miembros claves por eventuales irregularidades administrativas.
Si bien, la Clínica Universitaria de Concepción, CUC, evitó una quiebra tras la aprobación de la Reorganización Judicial, lejos de salir de los cuestionamientos a su capacidad de operación, estos siguen persistiendo.
Esto al menos para la Universidad de Concepción en conjunto con la Asociación del Personal Docente y Administrativo, quienes son dueños del 20% de las acciones.
Ambos planean impulsar medidas civiles y penales contra los directores de esta entidad de salud y de Empresas Masvida ante eventuales irregularidades.
“Los juicios que vienen tienen que ver con responsabilidades de los directorios pasados y algunos actuales”, adelantó el abogado representante de la UdeC, Gonzalo Cisternas.
Hace unos días, la junta de accionistas de la Clínica Universitaria de Concepción aprobó la inyección de $ 5.000 millones.
“Este aumento de capital permitirá a la compañía financiar adecuadamente sus operaciones y, por ende, fortalecerse financieramente para continuar el crecimiento de su actividad con prestaciones de alta calidad, seguridad y calidez que nos caracteriza”, detallaron el viernes 23 de marzo.
Tras el exitoso acuerdo, dieron agradecimientos al presidente de la empresa, el médico Francisco Garrido. “Así como la asesoría del estudio de Mario Rojas y Cía, de todos y cada uno de los profesionales médicos del área de la salud y administrativas en beneficio de nuestros pacientes y accionistas”.
Sin embargo, la Universidad de Concepción y la Asociación del Personal Docente y Administrativo, se abstuvo de votar.
“La razón por la cual no nos adherimos a él, es porque los estudios que la Universidad de Concepción ha encargado a la empresa PWC, nos refleja una realidad patrimonial y de contingencias distintas de aquellas que la CUC declara”, explicó Cisternas.
Las conclusiones darían cuenta de ciertas contingencias y de una situación patrimonial que les pone en alerta.
“Cuando hablamos de contingencia, nos referimos a problemas tributarios, laborales, que pueden venir y no están declarados”, precisó Cisternas.
Hoy, también están concentrados en algunas medidas jurídicas que se encuentran por resolver en los tribunales.
“El juicio que actualmente está en curso persigue que las operaciones de la CUC y las relacionadas con el grupo de Empresas Masvida, tengan que ser soportadas por éstos últimos. Se trata de $16.000 millones”.
De ahí que se negaran al shock de inversión de $5.000 millones el día viernes y que fue motivo de celebración por parte del recinto asistencial.
“Nuestra petición es que estas operaciones que fueron en exclusivo beneficio del grupo Masvida la soporten ellos, quienes tengan que pagar con cargo a sus partes, no a la Universidad de Concepción y la Asociación de Funcionarios”, aseveró el abogado Gonzalo Cisternas.
Y si bien la CUC sostiene que estaría teniendo buenos rendimientos tras la reorganización Judicial que aceptó, la interrogante es qué pasará después cuando ya no estén pospuestos los pagos a los proveedores.
“Una vez que se produzca la necesidad de pago, nos interesa saber cuál es su proceso de viabilidad”, planteó Cisternas.
– Pese a que se salvaron de la quiebra, ¿pone en duda la continuidad de la CUC a largo plazo?
– Más que eso, es que no tenemos un estudio serio que nos permita conversar acerca de la viabilidad respecto al mercado que hay en la Región. No tenemos datos para decir si es viable o no lo es. En todo proyecto siempre es necesario una evaluación y parte relevante son los estudios, y aquí no los hemos visto.