Ha sido un periplo de meses. Los afectados por el caso Financoop en la Región del Bío Bío, especialmente en el Gran Concepción lograron un triunfo: un recurso de protección que busca finalmente detener una eventual disolución y a su vez romper con el criticado corralito que impide acceder a sus cuentas de ahorro total y no parcial, como el que se concedió hace unas semanas.
Detrás de este logro hay una esperanza en los cientos de personas (con familias detrás) que han levantado críticas hacia la propia Financoop y el Ministerio de Economía de cómo ha llevado el caso, ya que temen nunca más volver a ver sus dineros.
“Esto podría abrir otros caminos y otras ventanas. Hay que ver hasta donde se puede llegar. Ahora hay brazos abiertos para acciones y medidas a ejecutar para que no hayan vulneración de derechos, que es lo que reclamamos hoy”, explicó el abogado penquista Pablo Millán, satisfecho con la resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción.
Llegar a este punto no fue tarea fácil. Primero se solicitó la medida a los tribunales locales en el mes de octubre. Estos derivaron hacia Santiago.
Nuevamente fue devuelta y a su vez derivan en respuesta a la Corte Suprema de Santiago, quien finalmente dictaminó que se quedará en suelo regional. Todo tomo tres meses.
Es por eso que estas semanas se volvieron expectantes para los penquistas. La medida que se obtuvo tiene, entre otras cosas, la petición de antecedentes claves.
A esto sólo habían accedido unos pocos, entre ellos la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados.
“La principal preocupación es la retención de los recursos de casi 50 mil personas, con más de 40 mil millones de pesos en depósitos, sin que se tenga claridad de qué pasará con la entidad, ni con los dineros de los ahorrantes. Las operaciones están detenidas por una medida prejudicial otorgada por los tribunales, a solicitud del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía y del Consejo de Defensa del Estado”, han señalado desde el Parlamento cuando se inició la instancia.
Es que el presidente del comité investigador, Jaime Bellolio (UDI), opinó públicamente que la solicitud de disolución era la peor alternativa a elegir.
“Porque es cerca de un tercio de los recursos que estaban ahí, los otros tienen que captarse, tienen que devolverse a través de los préstamos que se habían colocado. Disolverla era la peor solución para los ahorrantes. Ellos mismos son los que estuvieron empujando en capitalizar un poco la cooperativa de manera de poder recuperar sus propios fondos. Y en eso se ha avanzado un poco gracias a la acción fiscalizadora de la Cámara de Diputados”, declaró el parlamentario.
Sin embargo, el abogado Pablo Millán está en estado de alerta, ya que se devela que el Ministerio de Economía estaría negociando una Reorganización Judicial, lo cual tampoco es la mejor opción para los clientes.
“Estamos viendo un ministerio muy preocupado de zanjar esto antes del 11 de marzo. Estas alturas es importante dejar que la justicia opere bien y tranquilamente. Los acuerdos que se susciten de manera política no sé si son el mejor remedio para la vulneración sistemática”, opinó el jurista.
Y durante estos días también se habla de una arista política según la abogada Paula Bugueño, algo que también estima Pablo Millán.
“Desde abril que se sabía lo que pasaba y no hicieron nada”, declaró públicamente Bugueño.