Región del Bío Bío: Unos 400.000 independientes deberán comenzar a cotizar

Sin embargo, aún pueden renunciar antes de la Operación Renta 2018, pero ya para el próximo año regirá a plenitud la nueva ley.

Un aproximado de 400.000 trabajadores independientes de la Región del Bío Bío tendrán la obligatoriedad de cotizar a partir de este año 2018.

A nivel nacional, era un trámite que realizaba uno de cada cuatro trabajadores independientes, que en Chile ascienden a unos dos millones de compatriotas, quienes  no pagan sus cotizaciones de forma automática. De este número, sólo 259.363 personas cotizaron.

El seremi de Economía, Iván Valenzuela, sostuvo que los orígenes de las bajas pensiones son múltiples, y que esta realidad forma parte de las causas.

Aun se puede renunciar

No obstante, los trabajadores independientes que tuvieron ingresos durante 2017 y que declararán en abril de este año, aún pueden renunciar a la cotización previsional.

Pero, a partir de enero de 2018, todos los ingresos registrados por boletas deberán pagar obligatoriamente el 10% de cotización en la Operación Renta de 2019, aporte que podrá realizarse de manera mensual o depositando la totalidad del cobro en la devolución de impuestos del próximo año.

 ¿Qué pasará si no cotiza?

La Ley 20.894 estableció que no se contemplan las cobranzas judiciales para estos efectos, sólo se quedará supeditado a los descuentos que pueda hacer tesorería en todas las operaciones a la renta, es decir, se va generando una deuda reajustable que será cobrada en los años siguientes y sucesivos como independiente. Además existe un orden de prelación para el pago que son, el seguro de invalidez y sobrevivencia (SIS); Accidentes del Trabajo y Enfermedades profesionales; AFP; saldos impagos de años anteriores y último, Salud, sostiene el Ceo de Fintax Auditores consultores, Cristian Maldonado.

¿Quiénes están excluidos?

Cristian Maldonado explica que quedan excluidos de la obligatoriedad los que se rigen por el sistema antiguo, Capredena, Dipreca o IPS. También las mujeres mayores de 50 años y hombres mayores de 55 años. Además, los pensionados o que tengan invalidez total, los que tienen montos de imposiciones superiores al límite, y aquellos que como honorarios anuales reciben un monto menor al sueldo mínimo como renta imponible anual, es decir, menos de $337 mil mensual al día de hoy.

En la vía correcta

Para el economista de la UDD, Carlos Smith, esta ley va en la vía correcta, toda vez que en parte las bajas pensiones se explican por este problema del universo de trabajadores que no cotizan.

“En general, las personas prefieren el consumo presente, razón que explica que sin la obligatoriedad, la mayoría no cotiza, porque no sabe si estará vivo a los 65 años”.

Smith añadió que esta realidad, al final encarecía el gasto estatal y también, muchas veces, familiar, y que debían hacerse cargo de este trabajador jubilado y sin o con baja pensión.

“Creo que el error del sistema, que no es malo, pero sí perfectible, es que las cotizaciones se mantuvieron igual (10%) por mucho tiempo. Por eso, ahora contratar un APV es una buena salida, sobre todo, a partir del aumento de la esperanza de vida, paso que en especial para los independientes, cobra importancia”.

Por su parte, el seremi de Economía, Iván Valenzuela, también estimó que esto va en la senda correcta, toda vez que se hace cargo de un ahorro previsional que beneficiará a un buen número de personas, y que a su vez, aliviana la carga estatal, ya que muchas veces es el Estado quien debe aportar a las personas que no cuentan con una pensión.

“Esto permitirá disminuir el costo que tendrá el Estado en los próximos años, además, hay un impacto también en la cobertura de salud”.

Cabe recordar que en el año 2008 se obliga a través de la Ley 20.255 a los trabajadores independientes a que puedan optar a los mismos beneficios que los trabajadores dependientes, sin embargo, en enero de 2016 se dictó otra Ley que es la 20.894 que tiene como finalidad postergar la cotización obligatoria de los trabajadores independientes.

Ahora bien, la actual obligatoriedad pudiese quedar sin efecto, de aprobarse el proyecto de ley que modifica el sistema de pensiones y que se discute actualmente en el Congreso.