Las comunas más afectadas por las interrupciones de energía son Los Ángeles, Cabrero, Mulchén, Yumbel, Yungay, Tucapel, Pemuco y Quillón.
En los últimos cinco años la Región del Bío Bío los robos de cables eléctricos han afectado a 158.286 clientes tras un total de 612 desmantelamientos.
Sólo en el año 2017 hay registrados 197.3 kilómetros sustraídos a las empresas Frontel, Coelcha y Luz Parral, lo que ha conllevado a pérdidas millonarias.
Las cifras fueron reveladas en la tarde el miércoles, en dependencias de la Contraloría General de la República Regional, se desarrolló el “Encuentro Macrozonal de Prevención de Robo de Conductores Eléctricos”, donde se reunieron a más de 40 profesionales de las diferentes instituciones públicas, policías y empresas de transmisión de las regiones de O’Higgins, Maule y Bío Bío.
Es así como las ciudades más afectadas por esta problemática son: Los Ángeles, Cabrero, Mulchén, Yumbel, Santa Juana, Yungay, Tucapel, Pemuco, Quillón, Laja y Quilleco. Siguen Santa Bárbara, Quirihue, Florida, Bulnes, Chillán Viejo, Nacimiento, Ñiquén, San Ignacio, San Carlos, Arauco, San Nicolás, Quilaco, Cobquecura, Negrete, Tirúa y Hualqui.
Frontel aclaró que en el Bío Bío y la Araucanía durante este año han sido afectados con 249,6 kilómetros de cableado, lo que equivale a 29,5 toneladas de cobre, con $220, 9 millones en pérdidas y 7.220 afectados por apagones debido a la interrupción de la electricidad.
“La conformación de esta mesa público- privada y el trabajo interregional es muy importante para poder hacer frente a bandas que están desplazándose a lo largo de Chile. Nosotros como Transelec nos hemos visto afectados en diferentes regiones por estos graves hechos, por lo tanto, estamos trabajando junto con la policía y las autoridades para frenar este grave delito”, afirmó el gerente zona sur de la firma, Luis Pérez.
Trabajo policial
El trabajo coordinado de las policías ha sido fundamental. De hecho, desde el año 2012, la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones Concepción informó que se han efectuado 910 fiscalizaciones para dar con el paradero de bandas especializadas.
Las interrupciones por sustracciones de este material durante el 2017 llega a los 126, mientras que en el 2016 se totalizaron 141.
De hecho el año 2015 fue el peak con 209. En el 2014 hubo 76 y en el 2013 tan sólo 60.
Se detalló que existen 129 causas vigentes en el Poder Judicial y que otras 140 no han perseverado. Una se encuentra en archivo, otra tuvo un sobreseimiento definitivo y dos obtuvieron sentencia condenatoria.
Si bien la prevención ha sido importante, encontrar in fraganti a quienes realizan estos delitos es una tarea ardua, ya que se hacen en zonas rurales generalmente.
Es por ello que se fiscaliza fuerte a las chatarrerías. “Atacamos la cadena que tiene que ver con la compra venta del material robado en las chatarrerias que hay en Concepción, Talcahuano. En Ñuble también hay, que son una importante fuente de compra de artículos robados”, explicó el coordinador regional de Seguridad Pública, José Miguel Ortiz.
A modo de ejmplo, añadió que “Por casualidad, cuando con la gobernadora hicimos un operativo en conjunto con las Policías en Talcahuano, San Vicente, se alcanzó a fiscalizar una e inmediatamente cerraron tres su atención al público. Hay un modus operandi entre los mismos dueños”, observó Ortiz.
Es por ello que las líneas de acción seguirán en ese camino para detener estos “saqueos” que afectan no sólo a las empresas, sino que a miles de familia de la Región que se quedan prácticamente a oscuras.
“Consideramos que era necesario generar un encuentro donde compartir las experiencias, las buenas prácticas y tener un enfoque común para enfrentar a las bandas, independientemente de la región en que estemos”, puntualizó la seremi de Energía, Carola Venegas.