En este asunto también estamos en deuda. Y tal como sucede con los sin techo que duermen en la vereda, arrinconados en cualquier esquina o bajo un puente, se trata de un tema casi “invisible”: la economía social y cooperativa que en Chile partió en 1924, tuvo su más alto vuelo en los ‘60 y se debilitó en los ‘70, pero que nunca ha muerto.
Un modelo de negocio que -a pesar de las dificultades y de la indiferencia- ha crecido, pero no se consolida. El año pasado contaba con 236 mil asociaciones, con alrededor de un millón de empleo y un 3% del Producto Interno Bruto, PIB. En 2005 -medido con la misma metodología de uso internacional y aplicado por el Pnud y una consultora privada-había 106 mil, con medio millón de puestos de trabajo, y 2% del PIB.
Bío Bío se posiciona como una de las regiones más fuertes, de acuerdo a datos del ministerio de Economía, con 131 cooperativas constituidas, 70.256 socios, y 1.171 trabajadores. Es la cuarta región a nivel nacional, después de la Metropolitana, la de Valparaíso y La Araucanía.
El sur, desde la VII a la X, tiene mayor desarrollo en economía social que el norte y, en los últimos años, ha habido un avance notable en la Araucanía con cooperativas de base indígena. Pero Bío Bío, a ojos de Mario Radrigán, director del Centro Internacional de Economía Social de la Usach, anota un crecimiento relevante en lo agrícola, pesquero y turístico. “Siempre ha sido una región diversa, con gran potencial”, agrega.
Pero la verdad es que no estamos ni en pañales… Aunque las comparaciones a veces resulten ingratas o lapidarias, ilustran: en Argentina, este tipo de organizaciones representan el 12% del PIB. En Costa Rica 15%, lo mismo que en Holanda. Muy cerca figuran Japón, Canadá e Italia. Mientras Uruguay destaca por tener las cooperativas más fuertes en Latinoamérica.
“Estas asociaciones son necesarias para conseguir mayor equidad, mejorar la distribución del ingreso, dar empleo y servicios”, dice Radrigán. Sin embargo, a pesar de lo que aportan, desde los ´90 hasta ahora no han conseguido su sitial. A partir de 2004 –cuando se publicó la Ley General de Cooperativas-, sí ha conseguido mayor atención.
“Muchos factores han pesado en esto. Uno de ellos es que hemos tenido la hegemonía de un enfoque económico que ve otro modelo de empresa y no reconoce al resto”, dice Radrigán, lo que explicaría por qué es un tema fuera del foco de las políticas públicas.
– ¿Ha pesado también cierto sesgo político, desconfianza frente a las asociaciones, por el poder que pueden tener o han tenido, o pesa más la reticencia a financiar algo sobre lo que no se tiene certeza de resultados económicos?
– Siempre he tratado de ser objetivo, por una parte, y de mirar el vaso medio lleno- contesta Radrigán, hasta 2016 a cargo del tema en la cartera de Economía. Creo que el problema de fondo es una miopía a la hora de mirar el país. ¡Tenemos que creernos que las cosas pueden funcionar y funcionan de manera distinta!
Sucede, por ejemplo, que “Chile es la nación que tiene más voluntarios a nivel internacional (bomberos, Hogar de Cristo, Fundación Las Rosas y otras instituciones). Acá, sin embargo, se hace ver algo distinto, una sociedad individualista, consumista”, comenta.
El año pasado, con la actualización de la Ley General de Cooperativas y el trabajo del Consejo Consultivo público-privado (que evalúa las alternativas y hace un seguimiento) se crearon 163 entidades, lo que “constituye un récord”, según Natalia León, jefa del Departamento de Asociatividad y Economía Social del ministerio. Ella asegura que el programa de este segundo mandato de Bachelet contemplaba un desarrollo mucho mayor de este sector; por eso el cooperativismo apareció en la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, y se puso en marcha un programa de capacitación a la gestión empresarial y organización. Sin embargo, León admite que la principal dificultad para nacer y crecer es el acceso a financiamiento, porque las entidades financieras desconocen el modelo, “las confunden con fundaciones o no entienden su figura legal o personería jurídica, e ignoran lo viables o rentables que pueden llegar a ser las cooperativas. Aun así, hoy se ven muchas entrando como clientes a BancoEstado”.
Para Radrigán, lo del financiamiento es clave porque va desde la posibilidad real de acceder a cuenta corriente hasta acceso a créditos y capital para la inversión que “es prácticamente inexistente… En los últimos años, algunos servicios públicos han empezado a generarlíneas de financiamiento no reembolsable –como Sercotec, Indap, Corfo, FIA-, pero conseguir montos significativos es una barrera muy difícil de superar”.
El modelo de negocio brilla especialmente en lo silvoagropecuario, tanto en cooperativas como asociaciones gremiales. Pero, sostiene Radrigán, no porque tengan alguna particularidad especial frente a otros sectores, sino porque en un ambiente competitivo, “una de las pocas alternativas que queda es la de organizarse para generar economías de escala. Por eso las cooperativas han retomado el impulso en los últimos años”.
Así, por ejemplo, a los ejemplos más tradicionales y grandes –Colún en el sur y Capel en el norte-, se suman otras como Copeumo, en la VI Región, y Boroa, que exporta lupino amargo principalmente al mercado europeo y que hoy, junto al INIA, desarrolla una segunda variedad genética.
“La generación de redes entre cooperativas y grupos pre-asociativos e, incluso, emprendedores individuales pueden ser alternativa interesante para crear comunidad”, agrega Natalia León. Y cuenta:
“Las cooperativas más productivas también han ido al rescate de productos locales, lo que puede generar mayor valor agregado. Punta Chilén, en Chiloé, que fabrica pasta de ajo chilote, o Rumpacoop, en Coquimbo, que elabora derivados del fruto del copao (cactus abundante en la zona) demuestra que las cooperativas pueden ser importantes vitrinas de productos regionales en el mercado nacional e internacional”.
A ojos de gobierno, en víspera de cambio de mando, se debe seguir fomentando y apoyando la asociatividad. Y las cooperativas, continuar aprovechando estrategias de desarrollo y oportunidades de financiamiento, que puedan ofrecer Corfo, Sercotec y ProChile. La idea es, además, convocar a los jóvenes que, al momento de emprender, todavía no piensan en la figura de cooperativas, según León.
Pero lo fundamental, agrega Radrigán, es que en el proceso de descentralización y fortalecimiento de los gobiernos regionales, se logre avanzar en formas de concertación público-privadas entre el sector de economía social con la estructura regional, porque comparten el propósito de generar bienes públicos”. Esto es empleo, electrificación, acceso al crédito, agua potable, incorporación de la mujer y la juventud, entre otros.
Lo que viene es una incógnita. La economía social no ha figurado en las políticas públicas desde la vuelta de la democracia ni tampoco hoy, en lo poco que se conoce como prorama de gobierno de los principales candidatos. No apareció entre lo principal del plan económico que presentó el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, esta semana. De Guillier y Beatriz Sánchez no se sabe aún.
En el de Goic ha sido tema de debate. A fin de cuentas fue durante el gobierno de Eduardo Frei padre, en el contexto de la Reforma Agraria, cuando más avanzaron las cooperativas y asociaciones. Y a la espera del lanzamiento oficial, la propuesta tiene cara, bajo el convencimiento de “lo importante que es hoy impulsar y rescatar un modelo alternativo que responda a un sistema comunitario, de cooperación entre las personas en comunidades” que se cuidan a sí mismas (ver nota aparte).
Y entre los puntos de ese programa figura aplicar la economía social a pueblos indígenas, migrantes, personas en conflicto con la justicia, discapacitados y mujeres, ampliando el alcance de la ley que hizo el gobierno bacheletista, estableciendo la no discriminación de género en los cuerpos directivos.
Hasta aquí, eso sí, todo esto es solo la crónica de una “noticia en desarrollo”.
Las ideas base son:
– Fortalecer la institucionalidad publica, transformando la División de Asociatividad y Economía Social del Ministerio en el Instituto de Fomento de la Economía social, creando además un Consejo interministerial y regional.
– Avanzar en eliminar barreras al emprendimiento, eliminando las restricciones en el ámbito bancario y de seguros, con los necesarios resguardos al sistema financiero.
– Garantizar 60 días como plazo máximo de pago de las grandes empresas a cooperativas y Mipes.
– Programas de: fortalecimiento gremial y cooperativo de Sercotec; de fondos de negocios asociativos de Sercotec; de economía asociativa de Indap; de becas laborales y de capacitación de Sence, y de innovación en cooperativas agroalimentarias.
– Descentralización del programa de Economía regional en regiones y comunas, a través de la Subdere.