La junta de acreedores de la otrora isapre Masvida debía decidir ayer la aprobación o no del Acuerdo de Reorganización Judicial, lo que finalmente fue aplazado para el 18 de octubre a las dos de la tarde. De no concretarse la quiebra sería un hecho.
En ese contexto, el interventor Robert Rivas explicó que tiene toda la confianza de que dicho pacto se concretará con los prestadores.
La acción es clave para que se paguen las deudas y se inyecten los $27.000 millones pendientes desde Nexus, quien compró la cartera de afiliados que hoy opera como Nueva Masvida.
“Creo que están totalmente vigentes las posibilidades. De hecho, ya hay un principio de acuerdo bastante avanzando, solamente queda un guarismo entre prestadores y bancos (…) la verdad es que está sumamente avanzando y estimamos que va a llegar a un buen término”, insistió Rivas.
Sin embargo, esta visión dista de algunos abogados que asistieron al plenario de la Corte de Apelaciones de Concepción, donde se trasladó la audiencia fijada por el 1° Juzgado Civil originalmente en el tercer piso tras la alta concurrencia.
“A menos que esté muy equivocado, la señal es que aquí no habrá acuerdo y se estaría tanto tiempo para acordar la cláusula discriminatoria entre los bancos”, comentó uno de los abogados. Sólo siete se opusieron al aplazamiento: Clínica San Antonio, Hema, BCI, Cristian Urra, Diagnomed, BCI Factoring y Biomed. Y hubo una abstinencia: Scotiabank.
Y si bien la próxima semana será relevante, la magistrada Margarita Sanhueza, detalló que no necesariamente quiere decir que se realice.
“La otra audiencia siempre es eventual, ya que el articulo 96 de la 20.720 también permite una especie de suspensión para los efectos que dicen relación con las modificaciones del acuerdo, si mal no recuerdo (…) el acuerdo de reorganización ya está y está claro lo que dice. Lo otro es que se mantienen incidentes con empresas relacionadas. Yo esperaría que se apruebe o rechace el acuerdo. Si se rechaza se dicta la resolución de liquidación, porque eso se tiene que hacer automáticamente en audiencia”, adelantó Sanhueza.
Igualmente, detalló que del actual planteamiento se deben corregir algunos ítems. “Son varios, pero entre ellas está en la propuesta y creo que se iguala a todos los acreedores. No hay precisión respecto de aquellas empresas que son prestadoras de servicios que tiene un tratamiento especial respecto a la Superintendencia de Salud, que se pagan conforme a la garantía legal que tiene la isapre. Esos montos una vez pagados tienen prioridad. Pero eso es un pago que lo hace la Superintendencia. Lo que plantea el veedor es que debe estar considerando. Una vez pagados, debieran rebajarse y siguen como acreedores en la reorganización por el saldo. Hay otros acreedores que son absolutamente valistas. Lo que quiere ver el veedor son las condiciones en que se quedan. Son acuerdos por grupo”.
También queda otro factor pendiente. “Está el debate por los eventuales montos a cubrir, porque no se tiene precisión cuánto es el monto de la garantía legal que tiene la Superintendencia a su haber para pagar a los prestadores”, resaltó Sanhueza.