Cada vez que hay una quema de camiones sale a la palestra la aplicación de la Ley Antoterrorista, como ha sido en los últimos días. Para muchos es un gesto político y técnico para agilizar investigaciones. Sin embargo, en algunos casos se transforma en un problema. Es por ello que el presidente de la Federación de Camiones del Bío Bío, Germán Faúndez, llamó a ser cuidadoso a la hora de invocarlo.
Si tribunales determina que una máquina fue quemada bajo este concepto, muchos seguros no corren. “Las pólizas no lo contemplan”, explicó el dirigente, de ahí que se necesite un apoyo estatal que cubra un determinado monto, en especial para los pequeños empresarios del rubro.
Hoy las compañías aplicarían el concepto de “zona roja” . Por ende, las pymes de transporte ven con dificultad una contratación, de acuerdo a Faúndez.
“Si vas a trabajar en la Región de los Ríos o en el lado sur de la Región del Bío Bío, te dicen: Perfecto, mire, en esta zona no le vamos a dar la garantía que íbamos a pagar si su camión es quemado en este cuadro rojo. Y si es así, tiene que pagar tres veces a póliza de lo que vale la común y corriente en cualquier parte”, argumentó.
Explicó que “debe estar costando entre $180 mil a $220 mil pesos. Multiplica por tres, esa cantidad. Es alta. Para poder cobrar la garantía de un camión que vale incluso hasta 80 millones, te quedas en la calle”.
Aseguró que han intervenido con las aseguradoras para llegar a un acuerdo. “Un papá con su hijo de Carampangue perdieron sus camiones. El seguro empezó con problemas, que aquí y allá, que le iban a pagar lo que ellos querían. Tuvimos que entrar a negociar nosotros para que cancelaran lo que realmente valían los camiones”.
Y no solo eso. Muchos transportistas operan a “la buena de Dios”. Fue el caso de Cristián Silva, oriundo de Curanilahue. Hace un tiempo perdió su camión y quedó casi en la calle, por no contar con el apoyo debido.
“Tuvimos que recurrir a un proyecto de Corfo , en conjunto con el Gobierno, en que presentó un Capital Semilla, para empezar de nuevo. Al final logramos que sacara su camión y ahora está trabajando felizmente con un tolva en el lado de Purén”, puso como segundo ejemplo Faúndez.
Por consecuencia. urge la puesta en marcha de un apoyo estatal que estaría en proceso, pero que aún no sale a la luz , porque tendría observaciones de Contraloría.
“Se mandó un proyecto el cual se aprobó y hoy se van a contar con fondos para víctimas que pasen por estos casos, en que las compañías no van a pagar. Sé que está a punto de salir y que habría una objeción que hizo la Contraloría, pero ya lo tenían más o menos listo”, adelantó Faúndez.
Cabe recordar que en su momento el Gobierno informó que se trabajaba en un mecanismo de protección que derivó solamente para casos de casas y predios.
“El problema es que Chile no califica para eso. Primero porque no hay terrorismo, eso dicho por las aseguradoras, y los hechos que pueden calificarse como terrorista son muy pocos. Entonces hemos tenido que trabajar seis meses para que el tema funcione para los asegurados y para las misma aseguradoras”, comentó Mahmud Aleuy en su momento a fines del 2015.
Y ya en el 2016, fue a través del Banco Estado que se logró implementar un mecanismo bajo el nombre “Seguro de Protección Global Micro y Pequeñas Empresas”. No obstante, los camiones quedaron afuera, lo que fue criticado por el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (Cntc), Sergio Pérez.
El presidente del Gremio de Camiones del Bío Bío, Germán Faúndez, detalló que en el caso de las grandes empresas de flotas afectadas no tienen problemas en ser reemplazadas rápidamente, ya que sus máquinas operan bajo modalidad “leasing”, es decir, están en arriendo con derecho a comprar.
“La compañía de seguro que funciona es la del leasing, porque esta obligado a reguardar su bien. Va a responder al leasing con otro camión nuevo”, acotó Faúndez, resaltando que de ahí la relevancia de poner atención en los más pequeños.