En distendida conversación con la prensa regional, la presidenta de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Macarena Cepeda, repasó los ejes de su gestión al mando de un gremio compuesto en su mayoría por hombres, al tiempo que abordó temáticas de la actualidad, como son la pesca ilegal, la Ley de Pesca y la sustentabilidad de la actividad.
Una de las prioridades para Asipes ha sido hacer frente a la pesca ilegal, ante información que avala la gran envergadura del problema con la merluza, y que está afectando también a Bío Bío con la sardina y anchoveta, el jurel y también algas.
“Cuando hablamos de pesca ilegal es porque realmente hoy estamos con una preocupación en lo que es la sustentabilidad, en línea con los parámetros de la Ley de Pesca y a partir del trabajo de los comités científicos”.
Lo anterior se ha ido plasmando con la concreción de algunas iniciativas, resistidas por algunos, confesó, como lo es el Sello Azul, que garantiza la trazabilidad de los productos y que está presente en las salas de venta ubicadas en Talcahuano, Coronel y Tomé.
Además, destacó el denominado sistema Sides, que monitorea en línea las descargas pesqueras industriales, así como los destinos.
Consultada por las lecciones que dejó el denominado “caso harina”, cuando hace dos años se incautaron alrededor de 7.500 toneladas de harina de pescado ya que la empresa, Bahía Blanca, no pudo acreditar el origen de las 35.000 toneladas de sardina y anchoveta que se usaron para procesar el producto, Macarena Cepeda aclaró de entrada que la empresa en cuestión ya no forma parte de Asipes.
“En este tema hay que entender, primero, que la flota artesanal posee el 78% de la cuota de sardina y anchoveta, y la industria el 22%. Por lo tanto, toda la producción de harina debe hacerse con abastecimiento artesanal. El problema que hay embarcaciones menores a 12 metros o que no tienen tecnificación, y no están obligadas a ser certificadas por el Sernapesca. Entonces se produce una recepción de abastecimiento que es declarada dos días después ante este servicio, y ahí se producen discrepancias porque no siempre se declara realmente todo. Y también hay menos control en ese abastecimiento”.
En este contexto, explicó que el Sides, que es una declaración de transferencia voluntaria aceptada por los socios de Asipes, han logrado tener un registro de todo lo que se descarga en las plantas, artesanales e industriales, de manera de llevar un control más transparente del abastecimiento y sus diferentes destinos: consumo humano o harina.
“También estamos haciendo gestiones con Sernapesca para poder mejorar esa fiscalización, ya que su sistema de trazabilidad no permite ingresar datos o realizar observaciones que no estén certificados por Intertek. La idea es generar una instancia en este sistema, donde podamos aportar con información de desembarques y abastecimientos, de manera de poder ir cotejando la información que recibe el Servicio y dar la voz de alarma si vemos que hay discrepancias en el abastecimiento”.
La timonel de los industriales explicó que están muy preocupados por este tema, ya que les impacta doblemente, porque si las plantas reciben abastecimiento irregular o ilegal, como el caso del llamado mote, se afecta la sustentabilidad, pero además la posibilidad del industrial exportador de poder fabricar una harina premium, y sacarle mejor precio a los productos procesados.
Un fuerte trabajo de promoción de sus productos para consumo humano, jurel y jibia, está liderando esta presidencia.
“Los datos de Fundación Chile dicen que hoy en el país un adulto consume 13 kilos, y nuestra campaña junto a Sonapesca, busca elevar en al menos un kilo por año este consumo”.
Asipes ya inició un trabajo con algunos restoranes, de manera de enseñar nuevas recetas, firmar convenios que garanticen un abastecimiento estable, de manera de ir escalando en este esfuerzo”.
Macarena Cepeda recordó que el subsecretario de Pesca dijo que en octubre se ingresaría un proyecto de modificación a la Ley de Pesca, cuando probablemente se va a afectar la renovación de las licencias transables de pesca.
“Sí apoyamos el mejoramiento de la ley, pero nos preocupa la renovación, porque son licencias transables de pesca que fueron asignadas en base a derechos históricos de captura. Estos eran indefinidos y la industria decide transarlos con una duración de 20 años renovables sujeto al cumplimiento de condiciones. Si ahora nos limitan esa renovación, limita el desarrollo de la pesca industrial a largo plazo, porque no se puede proyectar operacionalmente. Además, hoy estamos certificando pesquerías como la del jurel, pero siempre pensando en el largo plazo. Se complicarían también las relaciones comerciales, ya que los mercados internacionales son muy exigentes con sus proveedores, en el sentido de contar con los permisos a largo plazo y las certificaciones”, planteó.