La Fiscalía Regional sigue indagando eventuales delitos financieros.

En absoluto hermetismo el interventor Robert Rivas finalmente solicitó llevar a cabo el procedimiento concursal de reorganización judicial de isapre Masvida, con el objetivo de iniciar el pago de las deudas que sobrepasarían los $ 107 mil millones.

El trámite fue realizado en el 1° Juzgado Civil de Concepción pasada las seis de la tarde del martes. Según se desprende de la documentación entregada, el argumento de Rivas fue que “atendido a la delicada situación financiera de la empresa y que producto de lo mismo la isapre dejó de ser sujeto de crédito, estimé que debían adoptarse medidas drásticas, las cuales consistían básicamente en el traspaso de la cartera de afiliados y beneficiarios, la venta de activos a terceros y a la reestructuración del resto del activo y del pasivo mediante un procedimiento concursal”.

Cabe recordar que del total que se debe cancelar, alrededor de $40 mil millones corresponden a cotizantes y otros $70 mil a prestadores de servicios.
Fue el gerente general de Nueva Masvida, Luis Atabales, quien salió a aclarar las dudas a Diario Concepción hace unos días, apelando a la calma y a la paciencia. “Los fondos están disponibles y se les va a compensar a todos, por que otra de las situaciones que se plantean es que esto podría demostrar que la isapre no tiene fondos y no es así: están, existen”, dijo.

Sin embargo, pese a que hay claridad para los beneficiarios, reconoció que las dudas están para los prestadores. De ahí que la clave de todo será la reorganización judicial, en que igualmente se deben liberar las garantías, dineros que sobrepasarían los $ 87 mil millones.

Fiscalía Regional

En otra arista del caso Masvida, el fiscal regional, Julio Contardo, aseguró públicamente que sigue recabando los antecedentes para determinar posibles irregularidades en los estados financieros.

“El trabajo continúa. Hemos recibido todos los antecedentes. Hemos tenido la coordinación con el fiscal que estaba dirigiendo la investigación, con Carlos Gajardo, y además, con los funcionarios de la PDI”, explicó Contardo.

Al momento 15 personas ya habrían declarado, quedando aún diligencias que deberán efectuar el fiscal jefe de Concepción, Octavio Stuardo y la persecutora Marcela Barahona.

Igualmente se indagan posibles delitos de estafa, apropiación indebida, la entrega de información falsa de los estados financieros. Igualmente presuntos delitos tributarios y asociación ilícita.