Ocho imputados por violentos robos en contra de conductores que prestaban servicios para la aplicación Uber han sido formalizados en el marco de un foco investigativo de la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional del Bío Bío. Se trata de 11 asaltos registrados en San Pedro de la Paz y cometidos casi en su totalidad por menores de edad, algunos de ellos con participación en hasta tres delitos.
Siete imputados quedaron privados de libertad, mientras la fiscal Mariana Iturrieta sigue desarrollando diligencias junto a la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la Policía de Investigaciones de Concepción.
Los casos investigados se concentraron en enero y febrero de este año, cuando se detectó un incremento significativo respecto a estos robos con violencia o intimidación originados en San Pedro de la Paz. Esta situación, que fue advertida por la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional del Bío Bío, detectó una serie de patrones comunes en la forma de comisión de los delitos y de las características de los posibles autores, ya que el relato de algunas de las víctimas reveló la eventual presencia de menores de edad en estos hechos.
Con el contacto de Uber en Holanda, la fiscal y los investigadores lograron tener acceso a los teléfonos de quienes habían pedido el servicio y así lograron comenzar el trabajo de ubicar a los autores de los delitos, lo que no fue fácil, ya que hubo celulares robados e incluso prestados.
Los agresores actuaban en grupos de tres a cuatro y solicitaban los servicios de Uber en horas de la noche o madrugada, pidiendo ser contactados en distintos puntos de San Pedro de la Paz, como Michaihue, Boca Sur o San Pedro de la Costa. Una vez que llegaba el vehículo, lo abordaban y pedían ser trasladados a distintos destinos, tras lo cual agredían o amenazaban a los conductores con armas blancas o de fuego, apoderándose de los vehículos y especies menores, como teléfonos celulares o dinero en efectivo. En algunos de los casos, los vehículos robados eran hallados cerca del mismo lugar donde se cometió el delito, en San Pedro, pero en otros ilícitos fueron encontrados en Chiguayante y también algunos fueron utilizados para cometer otros ilícitos. “Usaban los vehículos para carretear, consumir drogas o para cometer otros delitos”, dijo la fiscal, a quien llamó la atención la violencia con la que actuaban los menores de edad.
En el marco del trabajo de la Unidad de Análisis Criminal se hicieron solicitudes a la oficina central de Uber, para requerir información del contacto de los usuarios que solicitaron los servicios en los casos investigados, respuesta que fue incorporada al trabajo de los analistas para dar con los implicados, como así también una extensa labor de recolección de información, revisión de redes sociales y otros elementos de interés obtenidos por el equipo de detectives de la Biro de Concepción.
“Es necesario destacar que en la mayoría de estas denuncias no se aportaban mayores datos sobre los imputados, por lo cual resulta especialmente meritorio el análisis de información desarrollado por la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional y el trabajo investigativo que se le instruyó a la PDI, lo que nos permitió visualizar el problema delictual en su conjunto y así establecer patrones y modus operandi específicos en la comisión de los delitos. Así se logró identificar a la mayoría de los autores de estos ilícitos”, señaló la fiscal.
Uno de los factores que llamó la atención del equipo investigador fue la falta de mayores resguardos por parte de las víctimas mientras prestaban servicios para Uber. De hecho, la mayoría de los hechos ocurrió en horas de la madrugada y en sectores conocidamente conflictivos. Muchos de ellos anduvieron por varias comunas con los menores antes de ser asaltados.
“Los autores de los delitos fueron especialmente violentos con las víctimas, quienes además quedaban en la más absoluta indefensión tras ser afectados por estos robos. El impacto de nuestra indagatoria en la acción delictual ha sido significativo, ya que desde la privación de libertad de estos imputados la denuncia de este tipo de hechos disminuyó prácticamente a cero entre los meses de abril y mayo, resguardando con ello la seguridad de los conductores que prestan este tipo de servicios”, recalcó la fiscal Iturrieta.