Solicitaron su apoyo para que la Fiscalía Nacional Económica se pronuncie ante denuncia que aún no tiene respuesta.

Con una carta enviada a la Presidenta Michelle Bachelet, la Coalición Nacional de Viñateros, conformada por gremios desde el Bío Bío a la Región Metropolitana, solicitaron su intervención ante la Fiscalía Nacional Económica, FNE, para que se pronuncie ante la denuncia de “abuso explotativo por posición dominante y competencia desleal” ante los grandes actores de la industria del vino.

De acuerdo a los pequeños y medianos empresarios del rubro, la entidad fiscalizadora se ha demorado en dar una respuesta tras el ingreso de antecedentes el 10 de diciembre de 2015. Sin embargo, algunas agrupaciones gremiales ya habían hecho lo mismo en el año 2006, totalizando así 11 años de litigios.

“Vemos vulnerado el Estado de Derecho; vemos que las Instituciones no operan y sólo nos queda recurrir a usted como líder de nuestro país para que la Fiscalía Nacional Económica se pronuncie frente a nuestra denuncia y los organismos pertinentes trabajen en adoptar soluciones concretas y prácticas en el corto plazo, las cuales, como argumentamos en nuestra denuncia, no requieren de recursos estatales, sino de voluntades políticas”, explicó en la misiva la coordinadora de la Coalición Nacional de Viñateros de Chile y cara visible de la Asociación Gremial del Valle del Itata, Yenny Llanos.

Las razones de la denuncia

De acuerdo a la gremialista, existen claras pruebas de que hay un poder comprador altamente concentrado que dicta pauta en los precios de las cosechas, obstruyendo el poder de negociación de las pymes, lo afectaría a la libre competencia.

Por ejemplo, la cosecha 2015 fue una de las más críticas de los últimos años los precios de todas las cepas a nivel nacional bajaron en promedio cerca de un 50% en comparación con el año 2014, llegando hasta los $30 el kilo, totalmente de bajo de los costos de producción que rodeaban los $150 promedio por kilo.

Y si bien este año los precios volvieron a rondar los $150, la falta de producción les falló en esta ocasión, siendo las pymes productoras de vino las que estaría saliendo airosas. Para el productor de uva, el camino es claro, dar valor agregado a su cosecha, pero el camino no es fácil, pese a los intentos del Gobierno en la zona, donde se destinaron miles de millones.

“No nos hemos quedado sólo esperando respuesta de la Fiscalía Nacional Económica, su excelencia. El día 21 marzo de 2016 se presentó la problemática en materia de reglamentación ante la Comisión de Agricultura del Senado”, informó Llanos a Bachelet.

Añadió que incluso el tema es de preocupación internacional. “Entre el 17 y 21 de octubre fuimos invitados y estuvimos presentando el caso en la Reunión Anual del Grupo Intergubernamental de expertos en políticas y derechos de libre competencia, organizado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), realizado en Ginebra, Suiza”.

La vocera enfatizó que “a trece meses del ingreso de nuestra última denuncia y a más diez años desde las primeras denuncias ingresadas”.

Solución

Llanos, cara visible también de la Asociación Gremial del Valle del Itata, precisó que se busca hacer respetar el libre mercado, ya que a juicio de sus representados, esto no se estaría cumpliendo.

Puntualizó que en otros países está fuertemente regulado y que las soluciones posibles son “dividir el pez gordo” ( empresas dominantes) o “alimentar otro pez pequeño para hacerlo igual de grande y pueda competir”.

De acuerdo a Llanos, los viñateros quieren otra más fácil: equiparar la cancha. “Excelentísima Presidenta, lo que buscamos son medidas que regulen la industria, actualmente bajo la figura de un oligopolio abusivo, que se defiendan los derechos de todos por igual. Tal como lo hacen los países líderes en el mundo en producción vitivinícola. A saber, la prohibición de vinificación con uva de mesa, la prohibición de incorporación de agua en el vino, la reglamentación de nuevas plantaciones y de las denominaciones de origen. Nuestras expectativas están puestas en terminar con prácticas abusivas, prácticas como que la uva mayoritariamente se transe en el mercado Spot, que el precio de la uva se anuncie en fechas ad portas de la vendimia, que los precios sean fijados a arbitrio exclusivo de un actor dominante sin consideración de las variables reales y evidentes del mercado”, pidieron.