Abogado Jorge Montecinos solicitó la liquidación voluntaria por la falta de capital de trabajo y la incapacidad de la organización para cubrir compromisos financieros. Hoy, al borde de la quiebra, sus dueños están convencidos de que la historia habría muy distinta si un banco hubiera creído en ellos. 
 

Edgardo Mora Cerda
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De acuerdo con la información recabada por Diario Concepción, están en procedimiento concursal de liquidación voluntaria, la Distribuidora y Comercializadora Fundo Boyén Chillán S.A, en el 1° Juzgado Civil de Concepción; y Agrícola Forestal y Ganadera Golfo de Arauco SpA, en el 1° Juzgado Civil de Chillán.

Se trata, a todas luces, de otro ejemplo de falta de apoyo al financiamiento de las pymes, que esta vez tiene como protagonista a una empresa local de trayectoria conocida, como es Quesos Boyén. 

Carlos Olave, su fundador, fue tomado como ejemplo de esfuerzo y trabajo por el crecimiento empresarial y la dirigencia en el rubro de la pesca, en varias publicaciones de la prensa local.

Hoy, esos tiempos se ven lejanos, y la preocupación se centra no tanto en las cifras, como en el drama de los cerca de 200 trabajadores afectados directamente "por la falta de capital de trabajo y la incapacidad para cubrir compromisos financieros", argüidos como las causas de la solicitud de liquidación voluntaria por el abogado representante de la empresa, Jorge Montecinos. 

Bancos brillan por su ausencia

Ya en noviembre de 2015, en una entrevista con este medio, Carlos Olave, representante legal de las empresas, quien es de origen humilde y respetado por haberse ganado un espacio reconocido entre los empresarios de la zona, advertía la falta de apoyo por parte de un banco para poder darle continuidad al crecimiento de sus empresas, lo que a su vez conllevaría la creación de más y mejores puestos de trabajo para la Región.

En su oportunidad, Olave fue claro: "Aquí estamos estancados, porque el banco que debería apoyarnos con el crecimiento a través de un capital de trabajo es el Banco Estado".

Volver a empezar

Al iniciarse el procedimiento de liquidación voluntaria previsto en la Ley 20.720, creada para promover el reemprendimiento después de imposibilitarse la viabilidad de un negocio, entre las acreencias o deudas de la o las empresas, se prioriza por ley el pago de los compromisos con los trabajadores.

"El Artículo 2472 Código Civil establece orden de prelación para el pago de los respectivos créditos. La primera clase de créditos comprende los que nacen de las causas que en seguida se enumeran: las remuneraciones de los trabajadores y las asignaciones familiares; las cotizaciones adeudadas a organismos de Seguridad Social o que se recauden por su intermedio, para ser destinadas a ese fin", apuntó el abogado Alejandro Elgueta, coordinador regional de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.

Elgueta aseguró además, que se está a la espera de la designación de un liquidador para dar continuidad al procedimiento de liquidación voluntaria.
 

Los trabajadores

Ramiro Canales, ex trabajador de la planta y presidente del comité paritario, al ser consultado por Diario Concepción informó que hoy se reunirá un grupo de 95 trabajadores con un abogado para analizar su situación.

"Nosotros nos acogimos a un autodespido por incumplimiento de la empresa por no pago de dos años de Fonasa, cuatros meses de AFP y cuatro meses del seguro de cesantía", indicó Canales.

Por otra parte, otras fuentes de Diario Concepción, confirmaron haber llegado a un acuerdo de retiro de la empresa con el pago del 40% de la indemnización que les correspondía.