El Gore Bío Bío hizo un llamado a deponer la manifestación, asegurando que protocolo firmado en agosto de 2015 se cumplió, mientras que dirigentes piden los tres meses "atascados en Contraloría" y continuidad del recinto.
El Gore Bío Bío hizo un llamado a deponer la manifestación, asegurando que protocolo firmado en agosto de 2015 se cumplió, mientras que dirigentes piden los tres meses "atascados en Contraloría" y continuidad del recinto.
Felipe Placencia Soto
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
De acuerdo al secretario general de los ex trabajadores de la mina Santa Ana de Curanilahue, Addiel Jara, ya van 29 días desde que se iniciara el nuevo conflicto a raíz del cese de pagos de manutención (con dineros retenidos en Contraloría que llegan a los $500 millones), las dificultades de poder tomar el control de operaciones de las extracciones del carbón mediante una adquisición por parte de los mineros o bien la compra por parte de un empresario dispuesto a invertir.
"Si nos aseguran ayuda y trabajo, nosotros pensaríamos en deponer la toma. Cuando hablamos de que nos ayuden, es poder acceder a los $500 millones retenidos en Contraloría y luego que seguiremos siendo mineros, que podríamos continuar trabajando en la mina", aseguró Jara, enfatizando que ninguno de los 70 trabajadores en la manifestación busca doblar la mano al Gobierno en una suerte de "gallito de pelea". Incluso esperan que mañana se pueda entablar un diálogo.
Lo cierto es que el conflicto los obligó a pasar la Navidad y el Año nuevo a 600 metros bajo tierra con abrazos, deseos y parabienes sin perder la esperanza de que todo acabará pese a la presencia de las Fuerzas Especiales en la tarde del sábado a raíz de una orden emanada desde Tribunales para no dejar entrar a familiares al interior.
"Llegaron como a las tres de la tarde con un teniente a conversar y luego vino un capitán. Finalmente, se fueron como a las siete de la tarde aproximadamente. Esperamos que no se les ocurra entrar a la mina, porque esto acá adentro es una bomba de tiempo. Cualquier cosa puede pasar", advirtió Jara.
El Gobierno Regional a través de su intendente subrogante, Enrique Inostroza, hizo un nuevo llamado a que los mineros bajen los brazos para así poder conversar en una situación que se ha calificado en numerosas ocasiones un conflicto entre privados que obligó al Estado a desembolsar más de $ 2.308 millones en ayuda paliativa, que incluyó mensualidades que bordeaban los $400 mil pesos más una serie de capacitaciones.
"El Gobierno ha hecho todo lo que está a su alcance con responsabilidad y con una destinación importante de recursos para poder ir en ayuda de los ex mineros, hemos hecho una sistematización de aquello y manifestamos nuestra voluntad de diálogo, pero cesando una medida de presión que además pone en riesgo la salud de las personas", aseguró el Intendente (s) Inostroza.
Fue en dependencias del Gore Bío Bío que el intendente (s) junto al Gobernador de la provincia de Arauco, Humberto Toro; los Seremis de Trabajo, Victoria Fariña, y Minería, Lautaro Benítez, realizaron un balance de todo lo entregado a los mineros.
Por otro lado, una comunicación entre ambas partes se ve distante pese a los intentos del arzobispo Fernando Chomalí y los llamados al subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, quien respondió que no se sentaría a conversar con las actuales condiciones de presión. Lo mismo con las intervenciones de parlamentarios que se han acercado para mediar: Alejandro Navarro (País) y ahora último el diputado Manuel Monsalve (PS). Sin olvidar, al alcalde de Curanilahue, Luis Gengnagel.