Cerca de 60 trabajadores se encuentran protestando en Curanilahue para presionar al Gobierno el financiamiento de su operación. Sin embargo, el seremi de Minería, Lautaro Benítez, llamó a deponer la movilización, explicando que el petitorio es inviable legal y financieramente.
Cerca de 60 trabajadores se encuentran protestando en Curanilahue para presionar al Gobierno el financiamiento de su operación. Sin embargo, el seremi de Minería, Lautaro Benítez, llamó a deponer la movilización, explicando que el petitorio es inviable legal y financieramente.
Felipe Placencia Soto
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
Los cerca de 60 mineros de Santa Ana siguen protestando a 600 metros bajo tierra, con el argumento de que el Gobierno no cumplió los acuerdos pactados durante el año pasado: darle continuidad a la mina en quiebra mediante fórmulas de financiamiento y pago de manutenciones, que finalmente no se habrían concretado en los últimos meses, todo acompañado con la espera de lo que diga el estudio de factibilidad a cargo de la empresa Vallendar financiado por Corfo que debe buscar modalidades. Sin embargo, antes de ayer se conoció que habría un eventual comprador, sonando fuerte el nombre de Isaac Alarcón, oriundo de la comuna y que podría haber sido presentado en la suspendida sesión extraordinaria de este lunes.
Lo cierto es que los trabajadores se cansaron e incluso volvieron a explotar el yacimiento para vender, operando incluso con emanaciones de gases fuera de lo permitido de acuerdo a las fiscalizaciones realizadas por personal especializado, lo que conllevó al seremi de Minería Bío Bío, Lautaro Benítez dar a conocer el hecho, derivando por parte de Sernageomin en multas de $3,7 millones a S.W. Curanilahue S.A. (hoy tasada en $500 millones) representado por el liquidador, Tomas Andrews Hamilton.
Benítez sentenció que éste último debe velar por el estado de las instalaciones. Es por ello que el liquidador interpuso una querella en el Juzgado de Garantía de Curanilahue por robo con fuerza en lugar no habitado tras una nueva orden de cierre de la mina.
Ante esta situación, el secretario de los ex trabajadores de la mina Santa Ana, Addiel Jara, aclaró que todos (160 con 60 en toma) están en conocimiento y que Tomas Andrews les notificó de dicha acción.
"Nosotros lo tenemos claro. Entiendo lo que hizo don Tomas. No nos vamos a ir en contra de él tampoco. Considero que este caballero ha sido bien consciente con nosotros. Él nos dijo que iba a interponer una querella contra quienes resulten responsables. Estamos hablando de 160 y tantos viejitos y que sabemos ser responsables de esto que hicimos. Sabíamos que lo iba a hacer", explicó Jara.
Resaltó que una vez conocida la acción judicial se dejó de extraer carbón inmediatamente y que el periodo que se efectuaron las maniobras no fueron más de dos semanas.
Dificultades
El seremi de Minería, Lautaro Benítez, fue enfático en llamar a deponer la toma y establecer un diálogo sin presiones. Consultado por la posibilidad de que el Gobierno financie la mina, la autoridad regional argumentó que es difícil.
"El Estado, el Gobierno, no tiene instrumentos de carácter presupuestario y normativo que le permita adquirir para un particular o para un grupo de particulares la mina. Además sería contraproducente. Las minas son del Estado. Lo que entregamos es la concesión para la explotación a los particulares", subrayó el seremi de Minería, Lautaro Benítez, preocupado por la seguridad de los mineros, ya que se teme y presume el uso de explosivos en el periodo de explotación de hace semanas.
De ahí que insiste en que la manifestación se deponga. "No hay justificación. No hay causa justa para exponer la vida o la integridad de personas por una situación de necesidad. No nos parece válido. De ahí la propuesta que hacemos es que desistan de la actividad, de esta situación, que lo único que hacen es ir en detrimento del proyecto de emprendimiento que los propios trabajadores tienen".
Cierre total
Fue el subdirector nacional de Minería, Hugo Rojas Aguirre, quien solicitó aplicar las sanciones según se dispone en el memorandum número 114 con fecha 16 de noviembre del presente año, luego que el titular de la Seremi de Minería, Lautaro Benítez, diera el aviso ,
Actualmente, la instalación se encuentra con orden de cierre total de acuerdo a la resolución exenta número 2508 de Sernageomin, con fecha 17 de noviembre, la que aplicó además dos sanciones de 40, 1 UTM ( 3 millones 703 mil 876 pesos) en el marco del reglamento de seguridad minera.
El documento está firmado por el director nacional (s) del Servicio Nacional de Geología y Minería, Mario Pereira Arredondo.
Peligro
Para llegar a las sanciones, que a juicio del seremi Benítez se estaba fuera de toda norma, se consideraron incumplimentos que se detectaron durante el año pasado y que no fueron subsanados durante este.
En la resolución exenta 2508 ya señalada, en el considerando número dos, expone que el día 25 de agosto de 2015 personal regional de Sernageomin zonal sur detectó que los mineros estaban con gases al límite, ya que el ventilador no funcionaba. Fue uno delos motivos de la paralización que fue levantada parcialmente recién el siete de septiembre de 2016 para efectos de desague, inspección de la galería "principal" y " revuelta"; reparaciones menores y mantenciones de labores en el tráfico de la mina.
El nueve de noviembre pasado el seremi de Minería Bío Bío, Lautaro Benítez tomó conocimiento de las extracciones irregulares, ordenando una fiscalización ejecutada al día siguiente.
También notificó de la situación al liquidador de S.W. Cuaranilahue S.A. Tomas Andrews Hamilton y al coordinador de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, Alejandro Elgueta.
Lo mismo hizo en la Prefectura de Carabineros de Arauco y en la unidad OS11 de la Cuarta Comisaría de Curanilahue de manera personal y escrita para fiscalizaran eventuales explosivos. Todo esto fue detallado a la fiscal del caso.
Hasta el cierre de esta edición, el secretario de los ex trabajadores de la Mina Santa Ana, Addiel Jara, indicó que la toma continuaba y que los 60 mineros se encontraban en buenas condiciones, pese a que su alimentación es a base de "pan y agua" hasta la espera de que haya una solución a sus peticiones.