Que Codelco esté de manos amarradas y bolsillos vacíos frente a sus proyectos, encendió la luz roja. ¿Cómo andan las otras 32 empresas que viven bajo alero fiscal? ¿Siguen siendo pesadas mochilas, pero eficientes medios de pagos políticos? ¿Funciona la transparencia y los gobiernos corporativos de los que tanto se presume? De avances, vicios y despilfarro trata esta historia.
Que Codelco esté de manos amarradas y bolsillos vacíos frente a sus proyectos, encendió la luz roja. ¿Cómo andan las otras 32 empresas que viven bajo alero fiscal? ¿Siguen siendo pesadas mochilas, pero eficientes medios de pagos políticos? ¿Funciona la transparencia y los gobiernos corporativos de los que tanto se presume? De avances, vicios y despilfarro trata esta historia.
Equipo Diario Concepción
Contacto@diarioconcepcion.cl
Nelson Pizarro no levantó la voz. Levantó polvareda. Menudo, canoso, de mirada azul filosa, se ganó el apodo de "Manos de tijera" por los recortes que hizo en la División Andina de Codelco, a comienzos de los 90.
Tecnócrata, hombre de cerros y con una buena dosis de timidez –como se define-, en 2003 recibió el llamado de Juan Villarzú. Corto, directo: "No lo conozco, pero sé lo que ha hecho. Quiero ofrecerle Chuqui". Aceptó. El proyecto era Codelco Norte, que uniría a Chuquicamata con Radomiro Tomic, para sacar de esas tierras el 70% de la producción de la minera y duplicar el valor de la empresa. "Bajé del avión más asustado que conejo", admitió, pero al día siguiente, a las 12, "me mandé un discurso". Dijo: "Señores, están todos cortados. En el menor tiempo posible reconfirmaré a los que me sirven".
Trece años después, más menudo y canoso, pero siempre de pocas palabras, en un seminario de minería y como presidente ejecutivo de Codelco desde septiembre de 2014, simplemente declaró: "No hay plata, no hay plata, viejo, no hay un puto peso".
"Lo primero que tenemos que hacer es superar el presente con reducción de costos" porque el escenario, advirtió, es que la libra de cobre seguirá a US$2 por largo tiempo. Este es un problema que afectará a todas las empresas cupríferas del mundo y nuestro Codelco, ¿cómo lo enfrentará? ¿Acudiendo a subsidios que nos cuestan a todos los chilenos o como las demás empresas con las cuales compite?
Ese 23 de agosto marcó la agenda reciente, tal como ha sucedido con los jubilazos en Gendarmería, la marcha No+AFP y las increíbles informaciones que nos llegan del Sename.
Gobierno, autoridades, economistas y analistas sabían de esto. Pero no era tema de prensa. Ahora sí. Y no sólo porque exista gran preocupación por la suerte de la cuprífera que año a año entrega todos sus excedentes al Fisco (US$25.800 millones entre 2010 y 2014) y el 10% de sus ventas brutas a las Fuerzas Armadas. La polvareda que esta vez levantó Pizarro alcanzó a las restantes 32 empresas que son del Estado o donde éste tiene una participación accionaria sobre 50% (portuarias, sanitarias, agrícolas, transportes, correos, aeronáuticas, ferrocarriles, petróleo, carbón, entre otras). Y revivieron desconfianzas variopintas sobre la gestión.
Por un lado, los que haciendo valer su papel de "accionista" de las firmas que pertenecen a todos los chilenos, reclaman por la ineficiencia, despilfarro, uso político de las empresas y una serie de vicios que los hace concluir que lo mejor sería que no existieran "estatales".
Por otro, los que sí creen en la utilidad de estas empresas, que consideran un avance que existan gobiernos corporativos y leyes pro transparencia (aunque algunos reconocen que en el papel las cosas están mucho mejor que en la realidad), y que miran con recelo propuestas privatizadoras o la mera idea de incorporar a privados en algún porcentaje menor.
Son los extremos. Hay otras consideraciones, fórmulas, combinaciones y análisis que conocer.
El tema no es tan viejo como el hilo negro, pero casi.
Pocas se salvan
"Codelco ha sido el emblema en estas semanas, pero resulta evidente que lo que hay detrás afecta a todas las empresas estatales", afirma Guillermo Patillo, economista y académico de la Usach, quien cree que el problema de fondo podrá manejarse un poco mejor en naciones desarrolladas, pero no se ha podido resolver en ningún país. Agrega:
"Estas empresas enfrentan un dilema relevante y complejo. Su dueño es el Estado y, por tanto, los objetivos que tiene el Ministerio de Hacienda no son necesariamente consistentes con los objetivos de maximización de la compañía en el largo plazo".
De eso, ninguna se salva. Los gobiernos de turno piensan en sus cuatro años o poco más, "pero no en el largo plazo y eso es muy mediocre; peor aun cuando las cosas se manejan con visión de cajero, sin construir futuro", añade el académico de la U. de Chile Ricardo Ffrench-Davis.
"Obtener lo máximo poniendo lo mínimo" aplica fundamentalmente para empresas comisionadas a generar los recursos que dan oxígeno a la billetera fiscal. Porque, hay que tenerlo claro, existen estatales para cumplir tres funciones, menciona Mario Waissbluth, académico y ex director y gerente de empresas públicas. Esto es: generar recursos; asumir roles estratégicos de distinta índole (por ejemplo, transportes a zonas alejadas que no le interesan al sector privado por ser poco rentables), y regular el mercado de actores privados a través de la competencia (como lo ha hecho BancoEstado y como, piensa el Gobierno, podría hace una AFP estatal).
El trato del "dueño" dependerá de la función, no necesariamente del resultado: entre 2009 y 2015, a las más importantes el Fisco les aportó US$10 mil millones: casi la mitad a Codelco, seguido por Metro (US$2.122) millones, Efe (US$1.703 millones) y BancoEstado (US$917 millones), según la Dirección de Presupuesto, Dipres.
En mayo pasado, además, se anunció una inyección de US$100 millones para TVN, desglosados en US$75 millones al propio TVN y US$25 millones a su canal cultural. Televisión Nacional en 2015, se quedó sin caja al cerrar con $25.992 millones de pérdida, casi US$39 millones, a pesar que por ley esta obligada a autofinanciarse.
Claridad en la función
Siendo ecuánimes puede ocurrir que en ciertos casos la eficiencia no es el fin sino el servicio prestado a poblaciones que lo necesitan y no podrían pagarlo o para promover áreas estratégicas.
Y en el caso de Codelco, ¿cuál es el objetivo? ¿ser una empresa que busca financiar a las Fuerzas Armadas o que busca generar ingresos para el Fisco para otras áreas? Y lo otro, ¿cómo lograr que los intereses de la sociedad sean compatibles con los de la empresa? Lo que si parece mas que razonable es separar en las empresas estatales lo que corresponde a subsidio a la población que lo requiere, que debiera asignarse por una ley especifica, de lo contrario nunca se podrá medir con claridad la verdadera gestión de la empresa.
La danza de millones en azul o rojo de las 33 estatales no tiene sentido por sí sola, salvo que uno quisiera y pudiera comparar lo que cuesta al Estado mantenerlas y lo que significaría hacer lo mismo con firmas privadas, no necesariamente como dueñas sino a través de subsidios directos (o sea, pagándoles para que hagan la misma tarea). Pero esos datos no existen; sí la inquietud.
Susana Jiménez, coordinadora de Políticas Públicas del Instituto Libertad y Desarrollo, cree que en Chile sobran empresas estatales. "Son muy pocas las que se justifican… todo el listado se podría cuestionar si realmente cumplen un rol social. BancoEstado, por ejemplo, llega donde los privados no quieren, pero que quizá con estímulos querrían. Eso transparentaría el costo de esa función social, sabríamos de verdad que resulta más eficiente".
Agrega:
"Dicho que existen muchas empresas públicas y sabiendo que por ahora vamos a seguir con ellas, resulta clave lo de los gobiernos corporativos. Se ha hecho poco, avanzamos en Codelco, se intenta con Enap y TVN, pero es insuficiente. Se necesitan gobiernos corporativos (directorios) realmente independientes; además, se requiere cierta continuidad más allá de los ciclos políticos y la seguridad de que el directorio velará por el interés de todos los chilenos que somos los accionistas. Esa debe ser su pega".
Hoy, esos directorios tienen cargos designados directamente por la Presidencia, más otros nominados a través de Alta Administración Pública y otros de representación de trabajadores que, finalmente, decide el Gobierno de turno.
Patillo –también convencido de que "mientras menos empresas tenga el Estado, mejor"- sostiene que hace mucho se intenta que la gestión sea más eficiente y aunque ve logros, aboga por lo fundamental: dar independencia técnica a los directorios.
"En la última década y media se consiguieron avances significativos en la gestión general del Estado; en especial, hemos visto un esfuerzo gradual por mejorar el comportamiento de los gobiernos corporativos. Contamos con buenas leyes, pero todavía no logramos una práctica sustantivamente mejor, lo que atenta contra la eficiencia. Se da un poco un símil con la Alta Dirección Pública, ADP, una excelente idea hasta ahora no bien respaldada por las autoridades políticas que han removido a los profesionales en enormes proporciones, sin mayor antecedente que el político. Eso distorsiona el asunto", comenta.
Y si en cualquier parte del mundo las estatales corren riesgo de ser usadas políticamente, "acá, por largo tiempo, han servido para pago de favores. Entonces, además de todos los problemas propios de la gestión que derivan del hecho de que su administración no es independiente, que tienen que conseguir aprobación del sistema político –con intereses diferentes-, resulta que las empresas son parte de un proceso de redistribución de cargos de las coaliciones gobernantes", agrega.
¿La solución? Disminuir drásticamente el número de empresas estatales. Pero como eso no está en el plan, Patillo habla de abrirlas a capital privado, "en algún porcentaje, no mucho, 20%, lo necesario para poner un director, representando a otro tipo de inversionista, ya no el Estado, y con eso los problemas que hoy vemos tendrían solución en el mediano y corto plazo. Si abres a privados debes darle seguridad de que mañana no vas a "expropiar" sus acciones, en el sentido de desvalorizarlas. Y eso se produce si usas la empresa para fines políticos".
Agrega que accionistas preocupados por el valor de sus títulos, se van a preocupar de que la empresa haga lo necesario para maximizar su valor. Trasladado a cualquier estatal, significa que ese director "privado" pondrá resistencia a que la autoridad política frene el desarrollo, y "pase por arriba del mercado. Hoy nadie puede jugar ese rol porque las empresas son controladas por funcionarios nombrados por el Estado".
A todo lo anterior se suma que esos directores, a diferencia de lo que sucede en el mundo privado, normalmente no responden con su cargo ni con patrimonio cuando las cosas salen mal; al revés, estrangulados por los números rojos, piden capitalización a Hacienda. A modo de ejemplo, ¿que ha pasado con el directorio de TVN?
Jiménez del LyD, ve como inevitable que el Presidente designe a la cabeza del directorio, "pero mientras más nombramientos pasen por la ADP mejor. Hasta ahora vemos lo contrario aun en las que han tratado de perfeccionar sus gobiernos corporativos como Enap. Tiene tres directores nombrados por la Presidencia, tres por terna ADP y uno que representa a los trabajadores, elegido por el Jefe de Estado. ¿Por qué no hacer que la mayoría pase por ADP para asegurar idoneidad técnica y profesional, ciertos equilibrios políticos y establecer designaciones traslapadas para que no sea un gobierno el que renueva a todo el directorio?
(Claro que frente a la propuesta de la ADP, no faltará quien recuerde que testimonios de los propios consejeros del sistema han revelado que a veces deben repetir concursos porque la terna seleccionada por ellos no incluía al postulante que La Moneda esperaba).
Es un hecho que no siempre integran el directorio los mejores, tal como admite Waissbluth. "Hay empresas que hacen las cosas bien y eficientemente como BancoEstado, Metro, Polla o Enap. Y hay otras que están o han estado a cargo de personas que no tienen las competencias necesarias, nombradas únicamente por cuoteos políticos".
Todas, eso sí, de acuerdo a la Ley de Transparencia (N°20.285 sobre Acceso a Información Pública) están obligadas a entregar a la Súper de Valores o a la superintendencia a la que se encuentren sometidas, la misma información que se les pide a las Sociedad Anónimas Abiertas.
Apuntando a mejor gestión, Waissbluth sostiene que una reforma urgente –no contemplada en la ley que perfecciona la ADP- sería la de cambiar el gobierno corporativo de todas, que sus directores sean seleccionados solo por ADP y que ellos nombren al gerente general. Luego, que ese directorio no cambie con cada ciclo político y que cuente con mayor grado de autonomía financiera y de toma decisiones. No hay que olvidar que el dueño no es la coalición política en el poder sino todos los chilenos.
Propuestas sobre la mesa, la tarea urge.