Gracias a la Ley 18.450 de Fomento al Riego, uno de los principales instrumentos legales para el desarrollo hídrico nacional y regional, hemos apoyado solo durante este año a más de 1.500 agricultores y sus familias.
Gracias a la Ley 18.450 de Fomento al Riego, uno de los principales instrumentos legales para el desarrollo hídrico nacional y regional, hemos apoyado solo durante este año a más de 1.500 agricultores y sus familias.
La menor disponibilidad de recursos hídricos es una realidad y ya no puede ser mirada como una emergencia. Por ello, el trabajo del gobierno a nivel central y también del gobierno regional liderado por el intendente Rodrigo Díaz, ha puesto los esfuerzos para trabajar en políticas publicas acordes al nuevo escenario. Claro ejemplo de ello, se observa en el compromiso con proyectos para agua de consumo, así como también en la gestión para avanzar en la concreción de obras emblemáticas como el embalse Zapallar y el Punilla.
Sectorialmente y desde marzo de 2014, la gestión del Ministerio de Agricultura se ha centrado en cuatro enfoques prioritarios. El apoyo a la agricultura familiar campesina, la recuperación de los estándares fito y zoo sanitarios, la investigación y el manejo de los recursos hídricos. Este último punto ha sido particularmente importante en la Región del Bío Bío, donde junto a Indap y la Comisión Nacional de Riego (CNR) hemos puesto el foco para generar igualdad entre los regantes de las cuatro provincias.
Gracias a la Ley 18.450 de Fomento al Riego, uno de los principales instrumentos legales para el desarrollo hídrico nacional y regional, hemos apoyado solo durante este año a más de 1.500 agricultores y sus familias, quienes, gracias a proyectos de infraestructura de riego e iniciativas de inversión, han podido mejorar sus siembras y producción. Esto último tiene como consecuencia directa una mejor calidad de vida y reducción de desigualdades en el sector rural.
Estimamos que gracias a esta ley de Fomento al Riego y Drenaje, que administra la CNR, llegaremos a una inversión pública en obras de riego superior a los $11.000 millones de pesos, monto al cual se deben sumar el aporte de los privados, con lo que se configuraría una inversión pública privada de $15.000 millones, cifra que refleja el sostenido aumento de los recursos para obras de riego que el Gobierno ha destinado a la región, muy superior a lo recibido hace tan solo dos años, cuando en 2014 se obtuvo una bonificación pública que no alcanzó los $6.500 millones.
Esto denota que la situación de escasez hídrica es una preocupación latente en la actual administración y seguiremos trabajando para que los recursos sigan aumentando, porque sólo invirtiendo en acumulación a través de tranques, conducción, a través de la mejora de los canales, y tecnificando el riego, enfrentaremos el actual escenario. No podemos hacer llover, pero si podemos hacer un uso más eficiente.