La cartelera ha estado podrida por semanas. Hay cuatro películas que se reparten la taquilla, y no se lo merecen.
Cpcc asegura que la legislación generará conflictos entre sindicatos y compañías. Dirección del Trabajo, en tanto, está preparando dictámenes para evitar enfrentamientos legales.
A la espera de la eminente promulgación de la Reforma Laboral, después de más de 18 meses de tramitación, representantes del empresariado preveen un nuevo problema para la legislación.
Se trata de un eventual aumento en la judicialización de las relaciones laborales, fenómeno que –según opositores a la iniciativa del Gobierno– podría ser una dificultad en la implementación de la nueva ley.
En conversación con Diario Concepción, la presidenta de la Camára de la Producción y el Comercio de Concepción (Cpcc), Elizabeth Gómez, aseguró que "la Reforma Laboral, tal como fue aprobada, constituye un retroceso. Generará inestabilidad, sobre todo en las pymes, al llevar el derecho a huelga a escenarios que ponen en riesgo la sustentabilidad de las empresas".
En ese sentido, Gómez aseveró que "al quedar una serie de materias sin mayor respaldo legal, la aplicación de la reforma terminará resolviéndose en juicios laborales".
Según la presidenta de la Cpcc, el aumento en la judicialización en las relaciones sindicatos-empresas, podría además derivar en problemas para la Dirección del Trabajo, a raíz de la sobrecarga de sus funciones.
Sobre este tema, la presidenta de la Cpcc sostuvo que "el proyecto de Reforma Laboral se cimentó sobre un diagnóstico errado que establece como base de la relación laboral el conflicto. (…) De generarse mayores disputas entre los trabajadores y empleadores, la Dirección del Trabajo tendrá más causas que resolver y no sabemos si están preparados para aquello".
Ante las declaraciones de Elizabeth Gómez, la respuesta de la Dirección del Trabajo (DT) del Bío Bío no se hizo esperar.
El director regional de la entidad y seremi (s) del Trabajo, Paulo Otárola, manifestó su discrepancia con las palabras de la presidenta de la gremial y aseguró que "la Dirección del Trabajo está preparada para cualquier eventualidad".
En esa línea, el director llamó a la calma e indicó que "desde el punto de vista teórico sí podría haber un aumentó en la judicialización, pero esto no es algo nuevo ni algo que temer".
"Cuando se dictó la Ley de Subcontratación en 2006 y la Reforma Laboral de 2008, lo primero que se dijo de parte del sector empresarial de nuestro país fue que iba a haber mayor judicialización, pero en ninguno de los casos hubo un aumento en ese sentido", recordó Otárola.
El director, eso sí, apuntó que "de todos modos, para evitar problemas en el futuro, la Dirección está preparando dictámenes que ayudarán a fijar el sentido y alcance de la nueva legislación".
Sobre este último punto, la autoridad sostuvo que "algunos asuntos ya están más o menos resueltos, por lo que estas resoluciones se irán publicando a medida que se implementa la nueva ley. La idea es que éstas sirvan para disminuir una eventual judicialización e incertidumbre".
"Si en algún momento llegará a aumentar este tipo de conflictos, tanto la Dirección del Trabajo como los tribunales están muy bien preparados, por lo que este no debiese ser un problema", recalcó Otárola.
Opinión diferente es la que tiene el líder de la Central Unitaria de Trabajadores de Concepción, Sergio Gatica, quien acusó que el empresariado está llevando adelante una "campaña del terror" y que las amenazas de un aumento en la judicialización forman parte de una estrategia de la oposición.
De acuerdo al dirigente, esto se debe a que "el ámbito empresarial siempre se ha opuesto tajantemente a la reforma y han amenazado constantemente con despidos y ahora con la judicialización".
"Lamentamos esa postura porque nos gustaría que tuvieran una actitud más proactiva hacia los trabajadores, en el sentido de poder mejorar las condiciones laborales", sostuvo Gatica.
El dirigente de la multisindical señaló además que "vemos siempre estas campañas del terror (…) y esperamos que esta actitud se pueda transformar en diálogo".
Modernización DT.
Paralelo a la labor que está realizando la Dirección del Trabajo en la redacción y publicación de dictámenes, la entidad está también enfocada en un proceso de modernización, el que ya había sido anunciado por la Presidenta Michelle Bachelet en su programa de Gobierno.
De acuerdo al director de la DT del Bío Bío, el fortalecimiento de la repartición pública responde a la necesidad para adaptarse a los cambios constantes del país en materia laboral.
"Desde la década del 90 que la Dirección del Trabajo ha ido adquiriendo mayores atribuciones y actualizándose, para así fiscalizar nuevas realidades", apuntó.
Dentro de los aspectos que contempla la modernización del Servicio, el director destacó que "ya han habido contrataciones en distintos niveles, como por ejemplo, nuevos abogados para atender distintos asuntos derivados de la nueva legislación".
"La Reforma Laboral tiene que ir necesariamente de la mano con una modernización de este servicio", sentenció Otárola.
Además de la incorporación de nuevos profesionales, la idea de la DT es fortalecer la fiscalización y trabajar en la mejora de las sanciones a quienes no cumplan con las leyes en materia laboral.
Futuro de la Reforma Laboral.
Luego de que el Tribunal Constitucional declarara inadmisibles los dos nuevos requerimientos presentados por la oposición en contra de la Reforma Laboral, el Gobierno está a la espera de que el mismo TC realice el control preventivo y obligatorio del proyecto.
Esta revisión, que debería tomar no más de una semana, tiene como objetivo corregir algunas normativas de ley orgánica constitucional y, terminado ese proceso, la ley estaría en condiciones de ser promulgada.
Sobre este tema, el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, señaló que "esperamos el pronto término de esta etapa, para proceder a la promulgación de la Reforma Laboral con los avances que ella significa para los trabajadores de Chile y las relaciones laborales".
Finalizada la tramitación, el Ejecutivo tiene seis meses para difundir los cambios en la legislación, por lo que se espera que la implementación de la nueva reforma comience a operar el próximo año.