
La Convención Constitucional representa una oportunidad para recuperar el tiempo perdido. Es urgente el generar las garantías constitucionales que permitan incorporar la perspectiva bioética en la formulación de leyes y políticas públicas.
Loreto Vidal Hernández
Convencional Constituyente Distrito 20
La garantía de las libertades fundamentales y de los derechos humanos en un mundo plural como el nuestro se establece mediante el ejercicio del diálogo racional y la búsqueda de los principios éticos que puedan ser compartidos.
En este contexto, los principios de solidaridad, de cooperación, de responsabilidad y de precaución entre otros, han sido reconocidos por la comunidad internacional en la Declaración Universal sobre la Bioética y los Derechos Humanos (UNESCO, 2005) y la Declaración de Principios Éticos en relación con el Cambio Climático (UNESCO,2017), entre otros instrumentos.
Los cambios globales, ambientales y tecnológicos del presente, pueden constituir amenazas reales para el bienestar de todas las personas y comunidades. La ética ha evolucionado del mismo modo que las complejidades a las cuales nos enfrentamos, ampliando la mirada hacia una concepción global, es decir, a considerar aspectos no tan solo desde las necesidades de la humanidad, sino que ampliando la mirada hacia la naturaleza y la biodiversidad.
En el caso chileno, la ley Nº 20.120, promulgada en el año 2005, consagró la existencia de una Comisión Nacional de Bioética, la cual debía tener como principal función el asesorar a los distintos poderes del Estado en los asuntos éticos que se desprenden de los avances científicos y tecnológicos de la biomedicina y la investigación científica en seres humanos entre otros, entregando recomendaciones sobre la dictación, modificación y supresión de las normas que regulen estas temáticas. Lamentablemente esta ley a sido letra muerta durante ya casi dos décadas.
La Convención Constitucional representa una oportunidad para recuperar el tiempo perdido. Es urgente el generar las garantías constitucionales que permitan incorporar la perspectiva bioética en la formulación de leyes y políticas públicas. Es fundamental prevenir las eventuales consecuencias indeseadas que pueden desencadenar las decisiones públicas sobre las comunidades y sus entornos.
Confío en que la bioética se posicionará en la Constitución. Junto a expertas en la materia hemos desarrollado algunas propuestas para la consagración los principios de la bioética y la creación de un Consejo Nacional de Bioética para alcanzar dicho objetivo. Invito con mucha convicción a las comunidades y a las y los convencionales a apoyar estas tan necesarias iniciativas.