En las últimas semanas, un conflicto administrativo ha tenido en la palestra al recinto. Una situación que, de tomar el peor escenario posible, podría generar la pérdida de apoyo financiero y un “congelamiento” del espacio.
Fue una batalla no de años, sino de décadas. De muchas personas, de una comunidad entera. De gente ligada al mundo cultural y también de otros que, sin ser protagonistas de este ámbito, saben de la tradición que tiene la Región en el mundo artístico, y que quería un recinto de esta envergadura. Y a poco de su inauguración, de haber llevado a buen puerto esta lucha, tocando muchas puertas, uniendo voluntades y saltando vallas, un conflicto administrativo asoma como el gran enemigo para seguir con el buen desarrollo del Teatro Biobío.
Sí, no hay otra manera de definirlo. Al revisar los antecedentes de la parte denunciante -que señalan que hay irregularidades administrativas en la conformación y en el pago de cuotas de la corporación– cuesta entender el porqué de su demanda. No porque no existan cosas que se deben revisar, mejorar y regular en el corto plazo, sino porque ellos mismos, como han señalado, son parte de esa comunidad que lleva más de 30 años luchando por tener un teatro así. Y además, porque han sido protagonistas de todo el proceso, desde roles protagónicos y de otros que pueden considerarse más bien secundarios.
¿Qué origina todo esto, más allá de una posición que sin dudas puede considerarse como legítima de ser planteada? Darwin Rodríguez, primer presidente de la corporación del Teatro Biobío, entrega una visión que parece tener bastante lógica a la luz de lo que pasa.
“Hay dos concepciones básicas respecto a lo que debiera ser el Teatro, dos líneas curatoriales y además con ciertas connotaciones políticas no manifiestas. Creo que, en este momento, hay una ofensiva por parte de un sector, que legítimamente aspira a ser quien proponga una visión. Esa visión es una y la otra es la que actualmente desarrollando. Considero que la línea curatorial, por lo menos que en mi tiempo diseñamos, era la creación de un espacio en donde se manifestaran los artistas y la audiencia construyera una línea, que no fuera el concepto tradicional y antiguo que proponen especialistas. Una línea curatorial para los nuevos tiempos, para el siglo XXI”.
Al respecto, agregó que “creo que están en juego dos concepciones de la actividad artística. Ahora bien, creo que es perfectamente posible compatibilizarlas. Las dos son legítimas, ese es el camino que se debe encontrar para solucionar el problema, que es una manifestación secundaria, una excusa para definir esto esencial”.
Quienes denuncian el problema señalan que no han visto voluntad ni esfuerzo por parte del actual directorio, el que a su vez señala que sí han existido instancias formales a las cuales los primeros no han asistido. De llegar esto al peor escenario posible, que sería la vía judicial- se pondría en peligro el apoyo financiero del Teatro, que es una subvención estatal permanente para su operación administrativa. Así, se transformaría en el “elefante blanco” que muchos decían previo a su construcción.
Camila Contreras, integrante de Escénica en Movimiento -una de las 36 instituciones que aparece en el listado de socios de la corporación, asegura que lo principal es solucionar pronto este conflicto, y centrarse en el buen desarrollo del Teatro. Y que mantenga el sello que lo originó: un espacio de primera línea para todos, donde tanto los artistas como la comunidad se sientan parte de él.
“El tema de la transparencia es importante, si bien son recursos públicos y se dice que tiene como una gestión privada, por algo existe también la corporación. De todas formas, entorpece el desarrollo del teatro, más aún que recién está comenzando, por lo que todo eso deja como con una sensación extraña, lo que no favorece al buen funcionamiento que está teniendo o que puede llegar a tener”.
En ese sentido, agregó que “hay situaciones que no han sido lo suficientemente transparentes para la comunidad, que ocurren de forma interna en la corporación. Hay que solucionarlas para que pueda centrarse en lo más importante: el teatro y que tenga un desarrollo y que esté inserto en la comunidad artística cultural de todos”.
Rodrigo del Valle, integrante de la corporación Teatro Pencopolitano, junto a Juan Eduardo King han sido los principales voceros de la parte denunciante. “No quiero que esto se tome como una discusión de personas y de poderes, esto no es de poder. Hay dineros del 2016 que no se rindieron a satisfacción, y no se han corregido, y también recursos del 2017, creo que hay $257 millones que tampoco se han rendido al Gobierno Regional. Es lo que tengo entendido, son cosas que averiguamos e investigamos”.
Del Valle agregó que “estamos totalmente tranquilos, porque entregamos a la intendencia la carta correspondiente, donde dejamos patente todas las irregularidades, y el intendente verá los caminos que sigue. Investigarlo, seguramente, lo verá por el lado del Ministerio de Justicia, no lo sé. Los hechos los denunciamos ante el dueño del edificio, que es el Gobierno Regional y a ellos se les entregaron los antecedentes. Nosotros no hemos sabido nada más sobre el asunto. No se trata de personas, sino de irregularidades que no han existido la voluntad de solucionarlas. Es un tema de fondo y no de forma”.