Por Catalina Poblete Sánchez

La publicación de un predio privado de más de 300 hectáreas en un portal inmobiliario encendió las alertas en la Región del Biobío. Se trata del Fundo Ramuntcho, ubicado dentro del Santuario de la Naturaleza de la Península de Hualpén, forma parte de una de las zonas con mayor valor ecológico del Gran Concepción y su venta ha reactivado las demandas por una conservación efectiva del área.

Esta noticia no tardó en generar diversas reacciones desde distintos sectores. El seremi del Medio Ambiente del Biobío, Pablo Pinto, señaló que el santuario se encuentra bajo un marco legal que resguarda su conservación, más allá de la propiedad. “El Santuario de la Naturaleza es un área protegida que rige bajo determinadas condiciones. Estamos desarrollando un plan de manejo que delimite usos, zonas y medidas de conservación, en coordinación con el municipio y los actores involucrados”, explicó.

“Cualquier actividad deberá ajustarse a criterios más exigentes de evaluación ambiental, pensados en la conservación de estos ecosistemas únicos”, añadió Pinto.

Bajo esa misma línea, el alcalde de Hualpén, Miguel Rivera, recalcó que “nuestro objetivo siempre es proteger este espacio que es uno de los pocos pulmones verdes de la región del Biobío. Por eso hemos sido restrictivos respecto de lo que se puede hacer en el sector”.

Rivera añadió que el proceso de venta del terreno surge precisamente porque no fue rentable para los propietarios impulsar proyectos inmobiliarios ni forestales. “Estamos convencidos que esta es una oportunidad única para que el Estado compre este terreno que nunca antes había estado a la venta. Lo puede comprar para que efectivamente sea conservado y preservado, para generar proyectos sostenibles, de desarrollo científico, educativo e incluso potenciar el ecoturismo”, expresó.

El alcalde además subrayó que existe una amplia adhesión ciudadana a esta solicitud, respaldada por miles de firmas recolectadas. “Formas hay, eso lo sabemos. Porque la solicitud es coherente con la Ley Marco de Cambio Climático, con la Estrategia de Transición Socioecológica Justa y la Política Regional de Biodiversidad, e incluso con el Plan de Fortalecimiento Industrial”, enfatizó. Asimismo, recordó que Hualpén ha vivido múltiples episodios de contaminación y que esta sería una medida concreta de compensación ambiental: “Tiene que existir un basta, una medida de compensación concreta y justa”.

Desde el ámbito técnico, Ricardo Barra, director del Centro de Ciencias Ambientales EULA de la Universidad de Concepción, también destacó la importancia de la implementación de un Plan de Manejo para el Santuario. “Un Plan de Manejo permite ordenar los usos que se le dan a ese importante espacio natural y verdadero pulmón de la comuna y de Concepción metropolitano”, sostuvo. Además, valoró el trabajo de organizaciones de ciencia ciudadana que han documentado la presencia de especies emblemáticas como el monito del monte y el gato guiña, así como flora única en la zona.

Finalmente, Barra advirtió sobre los riesgos de seguir postergando decisiones en torno a la conservación: “Cuando se pierden o extinguen especies, en muchos casos no sabemos como comunidad lo que estamos perdiendo. Allí la política todavía tiene mucho que decir y hacer para que esas tensiones puedan minimizarse y así las áreas protegidas sigan prestando el servicio para lo que fueron creadas: esto es la protección de la biodiversidad y el bienestar humano”.

La discusión también ha dado paso a reflexiones sobre los desafíos estructurales en materia de financiamiento para la conservación. En su columna de opinión “Santuario en venta y descentralización ambiental”, el académico y abogado Oscar Eduardo Reicher Salazar, doctor en Ciencias Ambientales, planteó que “es importante dotar al sistema institucional de mecanismos eficaces que integren la variable territorial, en especial de los recursos económicos generados en la región”.

Reicher planteó que dejar un porcentaje de las multas aplicadas por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en las regiones donde ocurrieron las infracciones podría ayudar a financiar iniciativas que protejan y mejoren el medio ambiente a nivel local. “Ello permitiría traducir el castigo monetario en una herramienta efectiva de recuperación ambiental y cohesión territorial”, expresó.

El académico también advirtió que cualquier mecanismo debe incluir medidas de resguardo para evitar malos usos, como el manejo político de los fondos o la especulación sobre zonas ambientalmente sensibles. “De prosperar una idea así, es importante incorporar mecanismos que eviten la captura institucional o el aprovechamiento económico indebido”.

Así, el debate abierto por la venta del Fundo Ramuntcho ha vuelto a poner sobre la mesa no solo la urgencia de proteger el Santuario de la Naturaleza de Hualpén, sino también, como lo han señalado expertos, la necesidad de que los instrumentos legales y financieros del país estén a la altura de los desafíos de conservación y justicia ambiental que enfrenta el territorio.