Con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón; la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla; y el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra Palma, se presentó el informe “Avances del Plan de Trabajo de Mejoramiento de Condiciones Carcelarias de Mujeres Privadas de Libertad”.

La actividad tuvo lugar en la Escuela de Gendarmería, instancia en la que se dieron a conocer los resultados en la implementación de esta iniciativa, que aborda de manera prioritaria las condiciones carcelarias de las mujeres privadas de libertad, estableciendo acciones y medidas en implementación para mejorar su calidad de vida dentro de los recintos penitenciarios y fortalecer el reconocimiento de sus derechos. Además, busca promover estándares internacionales en el tratamiento penitenciario con enfoque de género y derechos humanos, garantizando condiciones más dignas y oportunidades efectivas de reinserción social.

Sobre estos avances, el ministro Jaime Gajardo destacó que se trata de “un plan inédito en nuestro país, que surge precisamente porque las casi 5 mil mujeres privadas de libertad se han encontrado históricamente invisibilizadas dentro del sistema penitenciario. Se elaboró durante el año 2022, se puso en conocimiento a la sociedad civil durante 2023 y comenzó a funcionar a finales de ese año, con cuatro ejes de trabajo”. 

La autoridad agregó que “nuestro país tiene la triste estadística de ser uno de los países que más mujeres encarcela en el mundo. Y esa es una estadística compleja, de la cual nosotros nos tenemos que hacer cargo, y por lo mismo crear este plan de condiciones penitenciarias para nosotros es tan relevante. Tiene medidas de corto, mediano y largo plazo. Además, hemos podido hacer un trabajo diferenciado según el tipo de mujer privada de libertad, tipo de condena, tipo de delito, porque sabemos que las redes de apoyo son muy diferentes para el caso de las mujeres que para los hombres”.

Por su parte, la subsecretaria Quintanilla señaló que “es importante que estas políticas puedan ir revisándose periódicamente. La realidad cambia constantemente, tenemos que ir ajustando las respuestas que podemos dar desde el aparato estatal y desde el aporte que puede hacer cada uno de los distintos sectores. En este trabajo, el Ministerio de Justicia, por cierto, lidera una labor importante, pero sin la participación del Ministerio de Salud, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y, por cierto, de la sociedad civil, ninguno de estos avances sería posible ni sostenible en el tiempo”.

La jornada contó con un conversatorio entre Paula Margotta, del Equipo de Protección de Unicef ​​Chile; Ana María Arriagada , presidenta del Colegio Médico; y una exposición de Alejandrina Tobar Vásquez, directora ejecutiva de ONG Leasur. También participaron representantes de organizaciones de la sociedad civil, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otras instituciones vinculadas a la protección de los derechos de las mujeres privadas de libertad.

Consultado el seremi de Justicia y Derechos Humanos del Biobío, Carlos Uslar Venegas, señaló que “en el Biobío, estamos comprometidos con la implementación de estas medidas, que no solo buscan mejorar las condiciones de vida al interior de los recintos penitenciarios, sino también garantizar un trato digno y con perspectiva de género, tal como lo establecen los estándares internacionales”. Además, el representante regional de la cartera indicó que “esta iniciativa es un paso crucial para garantizar condiciones dignas para las mujeres embarazadas y sus hijos e hijas lactantes al interior de los recintos penitenciarios. En el Biobío, estamos trabajando para asegurar que estas medidas se implementen de manera efectiva, en coordinación con las instituciones pertinentes y la sociedad civil”.

Protección materno-infantil 

Como parte de la jornada, la Subsecretaría de Derechos Humanos presentó el Proyecto de Ley de Protección Materno Infantil, el cual busca garantizar condiciones dignas para mujeres privadas de libertad embarazadas y sus hijos e hijas lactantes.

Asimismo, en la jornada se expusieron los resultados del Estudio sobre percepciones de la Ley de Protección Materno Infantil en mujeres gestantes y gendarmes del Centro Penitenciario Femenino de Santiago, ubicado en la comuna de San Joaquín, desarrollado por ONG Leasur.

Finalmente, la jornada cerró con un conversatorio en el que participaron representantes de Unicef ​​Chile, el Colegio Médico y Gendarmería de Chile, quienes abordaron los desafíos pendientes en la protección de los derechos de las mujeres privadas de libertad y sus hijos/as, reafirmando la necesidad de avanzar en políticas con perspectiva de género y derechos humanos.