El hecho ha suscitado una creciente preocupación entre los ciudadanos y las autoridades. Este fenómeno no solo afecta la infraestructura urbana, sino que también representa un grave riesgo para la seguridad de la comunidad.
Por Lucía Vásquez Roa
La ciudad penquista enfrenta una creciente preocupación relacionada con el robo y mal estado de las tapas de alcantarillado y de cámaras eléctricas. Este fenómeno no solo afecta la estética urbana, sino que también plantea graves riesgos para la seguridad de los ciudadanos, especialmente para los grupos más vulnerables, como niños y ancianos. La situación exige una respuesta coordinada entre las autoridades locales, las empresas responsables y la comunidad en general.
La Municipalidad de Concepción ha intensificado sus esfuerzos para abordar esta problemática. Según datos proporcionados por la Dirección de Gestión del Riesgo y Emergencias, desde enero hasta julio del año pasado se registraron 136 tapas robadas en diversas zonas de la ciudad. Esta alarmante cifra ha generado un gasto superior a los $17 millones en la reposición de estos elementos esenciales para la seguridad vial. La estrategia adoptada por el municipio consiste en realizar la reposición directa de las tapas sustraídas y posteriormente cobrar a las empresas responsables.
El presidente de la Unión de Juntas de Vecinos de Concepción, Moisés Ríos, expone que a pesar de estos esfuerzos, el robo continúa siendo un desafío constante. La falta de sanciones efectivas para los delincuentes que son sorprendidos en flagrancia agrava la situación.
Además, Ríos menciona que Paicaví, Palomares, Nonguén, Collao y Pedro de Valdivia son algunos de los sectores más afectados por el vandalismo de las tapas, por esto pide a las autoridades buscar soluciones definitivas.
Ríos destaca casos concretos en los que adultos mayores han sufrido caídas debido a los hoyos que quedan en el suelo. “Hemos tenido conocimiento de fracturas y lesiones graves”, indica el líder vecinal.
Desde Essbio aseguraron que el robo de tapas de alcantarillado no afecta directamente a la compañía. Sin embargo, la empresa ha advertido sobre los riesgos asociados a la manipulación indebida de estas estructuras. Levantar las tapas para evacuar las aguas lluvias es una práctica prohibida y peligrosa que puede resultar en accidentes graves. Por esta razón, la sanitaria hace un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier actividad sospechosa al Centro de Ayuda de la empresa (600 33 11000 / 600 37 24000).
Desde la Asociación Chilena de Telecomunicaciones A.G (Chile Telcos) Alfie Ulloa, presidente ejecutivo, expone que al estar en espacios públicos, las redes de servicios básicos como electricidad, agua potable o telecomunicaciones son vulnerables a diversas situaciones, incluyendo actos vandálicos. Ulloa señala que el robo de estas cubiertas ocurre principalmente por dos motivos: uno es abrir la cámara para robar cables y llevarse la funda junto con ellos; el otro es el robo directo para venderlos como chatarra.
El aumento de estas sustracciones también incluye otros elementos críticos como paneles eléctricos y baterías que respaldan antenas en lugares remotos. Ulloa espera que se apruebe pronto un proyecto de ley que tipifique y sancione estos delitos para ayudar a reducir estos problemas. Además, destaca que las compañías han comenzado a implementar medidas como candados para anclar las tapas al pavimento, aunque esto no elimina completamente el riesgo ni los daños asociados al despojo de los elementos de protección y cierre.
Por parte de CGE, compañía eléctrica afectada, reporta que ha disminuido el vandalismo de sus estructuras, gracias a la renovación del material de sus tapas, que anteriormente eran de fierro y que ahora son de hormigón. Además, informa que la reposición provisoria es inmediata, pero que la definitiva puede demorar un lapso de una semana.
Desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), se enfatiza que es responsabilidad de las empresas mantener en buen estado estas estructuras para prevenir accidentes. Esta entidad recibe denuncias sobre el estado deficiente o la inexistencia de estos protectores de los ductos subterráneos, y oficia a las empresas correspondientes para exigir su pronta reposición. Sin embargo, es evidente que se necesita un enfoque más integral, que involucre no solo a las compañías y municipios, sino también a la comunidad.
La falta de coordinación entre estas partes puede ser un factor determinante en el agravamiento del problema. Es esencial establecer canales efectivos para compartir información y coordinar acciones que permitan abordar esta situación desde múltiples frentes.